El Estado colombiano deberá reparar el daño causado a las familias de los policías que fueron víctimas de la toma de Miraflores, sucedida en 1998, en la que fueron secuestrados 140 uniformados.

El magistrado Jaime Orlando Santofimio, es el autor de la ponencia en el Consejo de Estado, con la que se condenó a la Nación al pago de más de 5.900 millones de pesos a 26 policías y sus familias.

Hay que recordar que el 3 de agosto de 1998 el Bloque Oriental de las FARC llevó a cabo un feroz ataque contra la fuerza pública, declarado como uno de los más violentos perpetrados por este grupo guerrillero en el país.

En los brutales hechos, un número de 13 uniformados perdieron la vida, cerca de 26 resultaron heridos y 140 agentes fueron secuestrados por la Farc.

Los familiares de los uniformados que fueron víctimas, acudieron a la Justicia para que las autoridades reconocieran la responsabilidad patrimonial del Estado en estos hechos, ante la escasa preparación que habían recibido los militares y policías que resistieron el ataque.

El Consejo de Estado reconoció la responsabilidad de las instituciones en estos hechos, en 2008 y condenó al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares, por no haber protegido a la población y a los agentes estatales ante la posibilidad de un ataque de estas características, como efectivamente se produjo.

Con el paso de los años, el Consejo de Estado ordenó reparar a las familias de civiles y militares que fueron víctimas de las FARC en aquel día aciago.

La decisión que se toma hoy, por parte del Alto Tribunal, pretende reconocer que esas mismas instituciones deben reparar a los secuestrados y a sus familias, ante la falta de previsión de las autoridades policiales frente al ataque, porque entre otras razones, el equipo y armamento con que contaban los uniformados, no servían.

Según el Tribunal, la responsabilidad no solo es de las autoridades militares y de Policía. A su juicio, la guerrilla incurrió en una violación a las reglas del derecho internacional humanitario.

En ese sentido, el Consejo de Estado presentó algunos testimonios para demostrar que los secuestrados en el ataque, fueron sometidos a tratos tan crueles e inhumanos, como por ejemplo, haber sido obligados a comer vidrio molido.

El Alto Tribunal considera, por esatas razones, que el Gobierno debe conminar a los guerrilleros de las FARC a que ofrezcan excusas públicas a las víctimas del secuestro, porque muchas de ellas, todavía padecen afecciones de orden sicológico, secuela de los traumas del secuestro.