–Un proyecto de ley mediante el cual el gobierno nacional pretende bloquear a las mafias frente a la contratación del Plan de Alimentación Escolar, radicó en el Congreso de la República la ministra de Educación, Gina Parody.

Según la funcionaria, se trata de garantizar la transparencia en el proceso de adjudicación, evitar la contratación a dedo, corregir y sellar las grietas que tiene el sistema actual y supervisar que la comida llegue bien y a tiempo a los niños que más lo necesitan.

La ministra dijo que «con esta Ley pretendemos regular el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Así podremos intervenir y organizar la dispersión de fuentes y tener mayor control, también prohibir la contratación a dedo, obligar a hacer contrataciones públicas donde haya muchos oferentes y buscar que sean los mejores los que se presenten, para garantizar transparencia y eficiencia».

Esta ley también crea la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar (ANA), que operará el programa de alimentación en aquellas regiones más vulnerables y donde alcaldías y gobernaciones, decidan que no tienen la capacidad de hacerlo.

«Mediante este proyecto se busca eliminar cualquier posibilidad que se presenten mafias. Además se estandarizarán los precios, con estudios de mercado. Esto quiere decir que se va a buscar que se entregue lo mismo que una madre le incluye en la lonchera a su hijo», señaló la Ministra de Educación. La ANA estaría adscrita al Ministerio de Educación Nacional y desde allí se organizaría la nueva estructura del PAE.

Desde el Ministerio de Educación se ha encontrado que existe una dispersión de recursos: Hay seis (6) fuentes de donde sale la plata y esto permite que haya desarticulación, falta de control, y duplicidad en la atención del servicio de alimentación escolar. Todas estas fuentes suman 1.5 billones de pesos.

«De esta forma se garantiza tener un solo «doliente» o un solo responsable y lograremos una unidad de ejecución. Es decir, todos los recursos van a la ETC o a la ANA en un encargo fiduciario y existirá una prohibición legal para contratar alimentación escolar en municipios no certificados», explicó la jefe de la cartera de Educación.

Las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) podrán decidir para 2017 si operan directamente el PAE o si la ANA se encarga de la operación.
«Este proyecto de ley fue socializado con los parlamentarios de las Comisiones VI de Senado y Cámara, así como con los gobernadores y la Federación de Departamentos», precisó Parody.

«Con la ley se busca atraer a los mejores operadores y que no se pierda ni un centavo del dinero que se destina para la alimentación escolar de las niñas, niños y jóvenes del país», concluyó la titular de la cartera educativa.