Aunque advierte que la medida está bien intencionada, la Entidad insiste en la necesidad de acudir a la figura de la emergencia social, es decir, un auténtico estado de excepción que permitiría implementar decisiones de fondo.

La Defensoría del Pueblo considera que ante la grave situación humanitaria en las cárceles del país, por cuenta del hacinamiento y la deficiente atención en salud entre otros problemas, decretar el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria es una medida bien intencionada, pero insuficiente.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), decidió este jueves adoptar la medida basado en graves situaciones de salud y de orden sanitario y condiciones higiénicas que no permiten la convivencia.

La Defensoría del Pueblo en su labor humanitaria para proteger los derechos de la población carcelaria realiza visitas permanentes a todos los centros de reclusión del país, y ha podido constatar las difíciles condiciones de la población reclusa. En materia de salud es tan crítica la situación que apenas se cuenta con un médico por cada 496 internos.

Al revisar los 134 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, la Entidad ha podido establecer que en el 55% no se cumple con el suministro de medicamentos, el 83% no cuenta con insumos médicos y el 88% no aplica protocolos para la recolección de residuos hospitalarios. Como si fuera poco, cerca de 10.000 pacientes registran represamiento de los procedimientos médicos solicitados.

Ante este grave panorama, la Entidad reitera que el estado de emergencia es tan solo un paliativo que no le permite al Gobierno adoptar medidas legislativas de fondo, como flexibilizar los requisitos para la concesión de subrogados penales (libertad condicional, prisión domiciliaria y el sistema de vigilancia electrónica).

Además, esta medida solo cobija al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) pero no al Fondo Nacional de Atención en Salud de las personas privadas de la libertad.

Cabe recordar que ante la grave crisis sanitaria en los centros penitenciarios, la Defensoría había presentado una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al gerente del Fondo y se pidió a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación que revisen el manejo administrativo de 83.000 millones de pesos asignados para la atención médica de los internos.

Así las cosas, la Defensoría insiste en la necesidad de decretar una emergencia social carcelaria, es decir un auténtico estado de excepción que permitiría implementar decisiones de fondo como, por ejemplo, modificar el actual modelo de prestación de salud; destinar nuevos y mayores recursos presupuestales para garantizar los derechos de la población carcelaria; modificar transitoriamente el régimen penitenciario y el código penal para permitir la excarcelación de los delincuentes de bajo perfil, que no suponen un peligro para la comunidad, y facilitar la vinculación de un mayor número de personas al cuerpo de custodia y vigilancia.