–Un fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó ordenó al Ministerio de Defensa, a la Dirección de Antinarcóticos y la Dirección Nacional de Estupefacientes abstenerse –de manera inmediata– de realizar fumigaciones aéreas con glifosato sobre el territorio colectivo del resguardo, debido a las afectaciones ocasionadas al ecosistema.

Igualmente, pidió a la Agencia Nacional de Minería suspender el trámite de las solicitudes de títulos y/o concesiones mineras en curso, hasta tanto se lleve a cabo el proceso de consulta previa. El fallo, también involucra a la Cancillería, por cuanto parte de la comunidad se encuentra en Panamá.

Gracias a este fallo producto de una demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT, fueron reconocidos los derechos de la comunidad Emberá del resguardo Dogibi sobre el territorio ancestral Eyákera, en el municipio de Unguía.

Esto significa la restitución de 3 mil 157 hectáreas de tierra, que los indígenas agradecieron con un rito tradicional y una oración al dios Ancoré.

La entrega simbólica del territorio y de la sentencia, proferida por el Juzgado Especializado de Restitución de Quibdó, se realizó en la Casa de la Cultura de Unguía, en Chocó, donde se explicó que la decisión judicial beneficia a la comunidad (conformada por 133 personas distribuidas en 24 familias) que venía, desde hace 22 años, buscando la titulación de su territorio, y que durante muchos años ha vivido diferentes periodos de confinamiento y desplazamiento por causa de los grupos armados. Actualmente, 10 de las familias están en esta zona y 14 se encuentran desplazadas en Panamá.

Elkin Rocha, coordinador de la Oficina Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras, dijo que los procesos de restitución étnica buscan el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades negras e indígenas que, al haber sido expulsadas de sus territorios, vieron afectados sus hábitos y costumbres. “La paz en Colombia solo será posible cuando los indígenas y negros accedan a los derechos fundamentales, cuando recuperen lo que la violencia les quitó y cuando puedan desarrollar sus costumbres y culturas”, explicó Rocha.

Tras recibir la sentencia, un líder indígena del Chocó expresó su felicidad por poder recuperar lo más significativo para su comunidad: la tierra. “Para nosotros es un día muy importante porque recuperamos el territorio, la madre tierra, y con ella nuestras costumbres y raíces. Ahora tenemos que trabajar para repatriar a nuestros compañeros que viven en Montería y Panamá, quienes tuvieron que salir por la violencia”.

Al acto asistieron delegados de la Unidad para las Víctimas, Defensoría del Pueblo, Alcaldía y Personería Municipal, Red Unidos, Sena, ICBF, Unidad Nacional de Protección, Codechocó, Departamento para la Prosperidad Social (DPS), ACDI/VOCA, Policía Nacional, Diócesis de Apartadó e Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Contexto histórico

En el año 1993, un grupo de familias de la comunidad de Tumburrulá asentadas en el resguardo de Tanela, se trasladó al territorio ancestral Eyákera, debido al despojo de diferentes predios que fueron tomados por los grupos paramilitares, combates con el frente 57 de las Farc-EP y la apropiación de la tierra para ganadería extensiva por parte de colonos.

Al verse confinados en un pequeño territorio, decidieron irse hacia otra zona de su territorio ancestral en las inmediaciones de la Serranía del Darién, lugar que había sido legado por sus ancestros y al que denominaron Eyákera.

En 1996 ocurre una masacre paramilitar en la región y, ante las amenazas de las AUC, las familias se desplazaron, unas hacia Tierralta (Córdoba), otras cruzaron la serranía del Darién para buscar refugio en las comunidades Emberá de Panamá y otras a la comunidad Tumburrulá, en el resguardo vecino de Tanela. En el año 2000, la comunidad de Eyákera retornó a su territorio, pero pocos meses después, los paramilitares los tildaron de colaboradores de la guerrilla y nuevamente la comunidad se vio obligada a desplazarse a Tanela. Ese mismo año, 10 de las 24 familias retornan al territorio gracias a la mediación de la Diócesis de Apartadó ante las AUC.