–El Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado llamó duramente la atención del gobierno colombiano por no haber fijado las líneas limitantes del mar territorial colombiano en el Caribe y por desproteger, con esta omisión, a las comunidades del archipiélago de San Andrés y Providencia y la mima soberanía nacional en esa zona insular.

El jefe del Ministerio Público le pide al presidente Juan Manuel Santos dar cumplimiento a esta obligación estipulada en una ley que data de casi cuatro décadas, so pena de iniciarle una acción de cumplimiento al respecto.

En el comunicado, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, hace relación a la Ley 10 de 1978 y el Decreto reglamentario 1946 de 2013 (modificado por el Decreto 1119 de 2014), que dispone señalar y publicar los puntos y las líneas de base con las que se mide la anchura del mar territorial, la zona contigua y los espacios marítimos de las islas que conforman los territorios insulares de Colombia en el mar Caribe.

«Pese a que hace casi cuatro décadas (en agosto de 1978) se promulgó la citada ley, hasta el momento el Gobierno Nacional no le ha dado cumplimiento a lo allí ordenado», subraya el jefe del Ministerio Público, que agrega:

Por el contrario, el Gobierno actual expidió el Decreto reglamentario 1946 de 2013 estableciendo que en un máximo de tres meses contados a partir de su promulgación se debía publicar la cartografía náutica oficial de Colombia en la que se indicaran los puntos y líneas que exige la Ley 10 de 1978, a lo cual tampoco se le dio cumplimiento.

Es más–subraya–, se pretendió derogar tácitamente la orden de publicación antes señalada mediante el Decreto 1119 de 2014, en donde se eliminó el término antes señalado, pero el cual se profirió seis meses después que se consumara el incumplimiento de lo allí ordenado.

Para el jefe del Ministerio Público no existe motivo para justificar que a la fecha de hoy no se haya realizado el señalamiento de los límites, y teniendo en cuenta el fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de Nicaragua y en contra de Colombia proferida en el año 2012, se hace imperioso que el Gobierno Nacional cumpla con lo ordenado por una ley de hace más de 37 años.

“Se ha incumplido el deber indicado a ciencia y paciencia y aún a pesar de la obligación histórica y política de protección que es debido cumplirle a la comunidad del archipiélago y al territorio nacional, lo cual resulta inadmisible”, puntualiza el Procurador.

La derogatoria del plazo no es razón para que desaparezca el deber constitucional y legal de proteger las comunidades de San Andrés y Providencia, así como la soberanía marítima del país, concluye el funcionario.