Congreso aprueba proyecto de ley que frena excarcelación masiva de delincuentes
–La plenaria de Senado de la República aprobó este miércoles el proyecto de ley que frena la excarcelación masiva de peligrosos delincuentes, entre ellos autores de abusos sexuales a menores de edad y también implicados en acciones de corrupción, entre otros.
La iniciativa amplía la entrada en vigencia de la ley 1760 de 2015, la cual determina que a partir del próximo 7 de julio debe quedar en libertad los responsables de delitos comunes que lleven más de un año encarcelados en detención preventiva y sin condena, y a partir del 7 de julio de 2017 para los sindicados de corrupción, extorsión, narcotráfico, delitos sexuales y terrorismo también sin sentencia.
La norma, con mensaje de urgencia, fue tramitada en el año 2015 en cumplimiento de orden de la Corte Constitucional, para poner fin a la detención preventiva de más de 27 mil personas, cuyo caso judicial no ha sido resuelto.
El hecho es que existen 24 mil personas que están privadas de libertad sin fallo de sus casos judiciales.
Además, el Inpec reporta que hay 19 mi 167 reclusos detenidos preventivamente por 11 meses o más, de los cuales 10.884 lo han estado por 21 meses o más.
El proyecto de ley prorroga el artículo 1o. de la ley 906 de 2004, que normatiza las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrán exceder de 1 año.
El Ministro de Justicia celebró la decisión del Congreso.
«Aprobado en plenaria de @SenadoGovCo proyecto que prórroga medidas de la Ley de Detención Preventiva», reseñó en su cuenta en Twitter incluyendo el siguiente grafico:
#UltimaHora Aprobado en plenaria de @SenadoGovCo proyecto que prórroga medidas de la Ley de Detención Preventiva. pic.twitter.com/B2zKwO3yuq
— MinisteriodeJusticia (@MinjusticiaCo) 16 de junio de 2016
— MinisteriodeJusticia (@MinjusticiaCo) 16 de junio de 2016
A propósito del tema, este jueves se discute en un foro académico en Bogotá la «Responsabilidad penal adolescente».
Se cumple en el auditorio Camilo Torres de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, sede Bogotá, sobre el cual la cartera judicial señaló que será un espacio académico de alto nivel que puede generar insumos para el trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Justicia y del Derecho en materia de política criminal.
En este evento, que contará con la participación de destacados expertos internacionales, se revisarán algunos de los asuntos más importantes referidos a la responsabilidad penal de los adolescentes. Temas como los de la imputación, el principio de legalidad o su responsabilidad desde el enfoque de la criminología crítica, permiten aportar elementos para el debate público nacional y regional en torno a las problemáticas que se presentan en el contexto del funcionamiento de los sistemas de justicia juvenil.
«Los expertos socializarán el trabajo que vienen desarrollando desde la academia y eso seguramente ofrecerá insumos para el trabajo que viene desarrollando el Ministerio en su esfuerzo por desarrollar una política criminal coherente, racional y basada en evidencia, en materia de adolescentes y jóvenes», aseguró Daniel Escobar, asesor de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho.
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, está muy interesado en que se aprovechen estos espacios de interlocución y cooperación para fortalecer y cualificar la política criminal. Una de las premisas básicas con la que trabaja el Ministerio es que dicha política se apoye en evidencia, investigaciones y estudios que respalden las decisiones y propuestas de política pública, con el fin de que vaya más allá de las iniciativas que se generan de manera reactiva y coyuntural.
Cabe anotar que aunque el Código de Infancia y Adolescencia recoge los estándares y recomendaciones contenidas en diversos instrumentos de derecho internacional, ante las dificultades en la articulación interinstitucional se creó el año pasado en Colombia el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Nació como una instancia de coordinación presidida por el Ministerio de Justicia, lo cual reafirma el liderazgo de esta cartera en la articulación y orientación de la política criminal y pública que se aplica en dicho contexto.
El Sistema está conformado por los ministerios de Justicia, Salud, Educación y Cultura, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la Nación o su delegado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Director del Sistema Nacional de Juventud. Y cuenta como invitados permanentes con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
