Académicos, exmilitares y religiosos reclaman a políticos y empresarios acabar prácticas corruptas
–Académicos, exmilitares, religiosos, exministros y ambientalistas, entre otras 42 personalidades, emitieron un manifiesto sobre «La paz querida», en la cual exigen a las Farc que hagan dejación de las armas y suspendan sus acciones delictivas. También reclaman a políticos y empresarios del país acabar las prácticas corruptas y promover la cultura de la legalidad, como una contribución a la paz en Colombia.
En este contexto, «exigen a la delincuencia organizada que cese sus actividades criminales e ilegales -como el narcotráfico y la minería ilegal-, y se someta a la justicia».
Los firmantes del manifiesto, son creadores de una organización regida sobre la misma «paz querida», que proclama «la necesidad de crear una nueva ética que rija los comportamientos de la sociedad colombiana para una nueva convivencia, basada en el debate participativo y respetuoso de la diferencia con el contrario”.
En el documento expresan su respaldo a la paz negociada, cuyo cese al fuego se firmó la semana pasada en La Habana (Cuba), a propósito de lo cual, exigen a las Farc que hagan dejación efectiva de las armas, suspendan sus acciones delictivas y ejerzan sus derechos ciudadanos dentro de las normas del Estado Social de Derecho.
Reclaman a los partidos y movimientos políticos que «modifiquen costumbres políticas destructoras de valores» y que «promuevan el desarrollo de iniciativas ciudadanas que contribuyan a la construcción de una cultura de legalidad».
En cuanto a los empresarios, exigen de estos «que no utilicen prácticas corruptoras y establezcan relaciones económicas equitativas y solidarias, que cooperen de manera activa en el desarrollo de iniciativas ciudadanas, en el marco de la responsabilidad empresarial».
Así mismo reclaman «a la Fuerza Pública que revise las doctrinas y procesos operativos para ajustarlos a nuevos escenarios que garanticen la seguridad ciudadana y de la nación, el respeto a los derechos humanos y la participación política de los actores sociales en actividades relacionadas con la construcción de la paz».
Entre los firmantes está el rector de la Universidad Nacional de Colombia Ignacio Mantilla Prada, quien en la presentación del documento señaló que la Paz Querida y su declaración “es el ejemplo de lo que la patria le exigirá a los colombianos en el post acuerdo”, y añadió que la U.N. “está dispuesta a ser interventora de los acuerdos de paz”.
A la cabeza del grupo están entre otros, Vargas Velásquez, Alfonso Gómez Méndez, Elisabeth Ungar Bleier, Francisco de Roux, José Fernando Isaza, Juan Camilo Restrepo, Julio Carrizosa Umaña, Otty Patiño, Rodrigo Uprimny Yepes.
El texto de la proclama, es el siguiente:
Los abajo firmantes, miembros del grupo la paz querida, solidarios con los intereses nacionales, y pensando en la necesidad de una sociedad que se exprese libremente y sea tenida en cuenta en las discusiones públicas y en los centros de decisión, en aras de contribuir a la solución de los problemas del país.
Consideramos
Que el pueblo colombiano merece que se ponga fin a un conflicto armado que por mas de 50 años ha enfrentado al Estado con la subversióon y otras formas de delincuencia armada, en una lucha fratricida con consecuencias nfastas para la dignidad humana, la democracia y el desarrollo sostenible.
Que los desafios propios de una país que aspira al crecimiento sostenible deben ser resueltos dentro del estado Social de Derecho y la democracia participativa.
Que existen antiguos problemas no resueltos, entre los que sobresale la cuestión agraria, que generan otros muy diversos e impiden la solción de muchos aparentemente ajenos a su entorno.
Que para que el país alcance las condiciones deseables es indispensable la participación comprometida de la sociedad civil y la ciudadania, mediante valores éticos y democráticos.
Que una paz justa y sostenibledebe tomar en serio el dolor y los derechos de las victimas, el esclarecimiento de lo ocurrido, la rendición de cuentas de los causantes de las atrocidades, la aceptación de responsabilidades y garantías efectivas de no repetición
Que es indispensable desarrollar una visión estratégica de una Colombia deseable a mediano plazo, en procura de lograr una nación prospera ambientalmente sostenible, más justa, más equitativa, más democrática, más incluyente con las diferencias de sexo, edad, etnia, orientaciónsexual y en paz.
Declaramos que
La paz, con los adecuados mecanismos de justicia transicional, traerá más justicia a las victimas y a la sociedad, que la continuación de esta guerra con impunidad generalizada.
Somos solidarios con todas las victimas de todos los actores del conflicto armado; y nos unimos a su dolor y a su anhelo de verdad, justicia, restauración y paz.
Creemos que la implementación de los acuerdos de paz con la subversión requiere estretegias ejecutadas por comunidades que participen desde los territorios, con el acompañamiento del Estado, buscando de esta manera la solución de problemas estructurales que dificultan la convivencia pacífica y democrática.
Estamos convencidos de que la paz territorial se logra mediante la articulación de distintas visiones y la participación de las comunidades locales, en función de los desafios del desarrollo humano, la cultura, la educación, la equidad social, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental.
Instamos al Gobierno Nacional a promover la participación efectiva de la sociedad en las gestiones de interés público, mediante mecanismos legales y materiales correspondientes.
Recomendamos a las organizaciones de la sociedad civil que impulsen iniciativas de desarrollo local y regional, convivencia y reconcialición, a la vez que las exhortamos a encauzar las protestas sociales por vias legales y democráticas.
Insistimos en la necesidad de que los partidos y movimientos políticos modifiquen costumbres políticas destructoras de valores, para crear condiciones legalesy materiales que privilegien el bien común sobre los intereses individuales y promuevan el desarrollo de iniciativas ciudadanas que contribuyan a la construcción de una cultura de legalidad.
Demandamos el compromiso de los empresarios para que no utilicen prácticas corruptoras y establezcan relaciones económicas equitativas y solidarias, que cooperen de manera activa en el desarrollo de iniciativas ciudadanas, en el marco de la responsabilidad empresarial.
Pedimos a la Fuerza Pública que revise las doctrinas y procesos operativos para ajustarlos a nuevos escenarios que garanticen la seguridad ciudadana y de la nación, el respeto a los derechos humanos y la participación política de los actores sociales en actividades relacionadas con la construcción de la paz.
Exigimos a las guerrillas que, como resultado de las negociaciones, hagan dejación efectiva de las armas, suspendan sus acciones delictivas y ejerzan sus derechos ciudadanos dentro de las normas del Estado Social de Derecho.
Exigimos a la delicuencia organizada que cese sus actividades criminales e ilegales -como el narcotráfico y la minería ilegal-, y se someta a la justicia.
Invitamos a las nuevas generaciones a participar más activamente en la construcción de la paz.
Exhortamos a los organismos de cooperación internacional para que cofinancien iniciativas del Estado y de la sociedad civil que conduzcan hacia una sociedad más democrática, incluyente y en paz.
Y, en consecuencia, nos comprometemos a promover el debate y la participación de la sociedad civil y la ciudadania para la implementación de los Acuerdos de la Habana -y eventualmente los que surjan de las negociaciones con el ELN-, y actuar como interlocutores de iniciativas viables a respecto, hasta lograr la formación de una masa crítica que genere cambios destinados a establecer relaciones sociales equitativas, constructivas y pacíficas. (Con información de la Agencia de Noticias U.N.)
