Con esta afirmación, la Defensoría del Pueblo anunció que acudirá ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Contraloría y la Corte Constitucional, con el objeto de informar un nuevo incumplimiento de las entidades del Estado que siguen sin tomar las acciones necesarias para afrontar la crisis de la salud existente en el departamento del Chocó.

Para la Defensoría, el Alto Tribunal había negado una solicitud de prórroga de la Superintendencia del ramo: “La Corte, a través del Auto 282 de 2016, ratificó el plazo fijado para que esa institución y el Ministerio de Salud presentaran un informe con las disposiciones encaminadas a mitigar la problemática que afecta los derechos de la población, particularmente de quienes acuden al Hospital San Francisco de Asís, en la ciudad de Quibdó”.

En la actualidad, la Superintendencia acumula 12 prórrogas y 18 procesos de interventoría y los factores de vulnerabilidad no han sido resueltos, esta ha sido la denuncia del ente de control desde el año 2014.

En el texto se lee que: “A través de la Resolución 064 de ese año pidió el concurso de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760, dadas las enormes dificultades para el acceso a la prestación de los servicios de salud en el Chocó”.

También se ha manifestado que la crisis de la salud en el Chocó se recrudece por situaciones como la baja cobertura de agua potable y de saneamiento básico.

La Defensoría igualmente recalcó que continuará realizando los trabajos de verificación humanitaria en el terreno y que insistirá en la realización y puesta en marcha de un plan con acciones inmediatas y otras contundentes de mediano y largo plazo, que garanticen los derechos fundamentales de no menos de 500.000 habitantes del departamento que padecen esta realidad.