–Tras 37 días de paro, la Superintendencia de Puertos y Transporte notificó que sancionará con multas hasta de 482 millones de pesos o con la cancelación de la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte a las empresas, propietarios, tenedores, conductores y a quienes faciliten o promueven la alteración o suspensión del servicio público de transporte terrestre automotor de carga por carretera en el país.

El Superintendente del ramo Javier Jaramillo señaló que ya están en marcha los controles pertinentes a nivel nacional para garantizar la correcta prestación de este servicio público de transporte.

“La Constitución y la Ley obliga a las empresas de carga a prestar el servicio para el cual fueron habilitados. Así que una vez se compruebe el cese injustificado de actividades por parte de los prestadores de este servicio procederemos a imponer drásticas sanciones”, agregó Jaramillo.

Además, la entidad también conminó a todos los gobernadores, alcaldes y organismos de tránsito a aplicar las sanciones pertinentes en contra de los conductores de vehículos de carga que entorpezcan la continuidad en la prestación de este servicio público de transporte en cualquier lugar del país.

La Superintendencia recuerda que todas las empresas de transporte cuentan con la protección y el acompañamiento de las Fuerzas Militares y de Policía, que a través de las cientos de caravanas programadas por todo el país tendrán la seguridad necesaria para transportar la carga.

A su vez, los generadores de carga que necesiten vehículos para mover sus mercancías pueden hacer su solicitud a la Supertransporte, a través del correo electrónico necesidad.vehiculos@supertransporte.gov.co; de los teléfonos 01 8000 915615 y (1) 390 2000; y por medio de solicitud en línea en el portal web www.supertransporte.gov.co.

A ALCALDES Y GOBERNADORES

En un comunicado adicional, el Superintendente de Puertos y Transporte conminó a todas las autoridades departamentales y municipales a implementar medidas contundentes que garanticen la continuidad en la prestación del servicio público de transporte en el país, a propósito de las inmovilizaciones de vehículos y de los actos de vandalismo que se vienen presentando por cuenta del paro camionero.

“Hacemos un llamado a todos los gobernadores, alcaldes y secretarios de Tránsito del país, para que implementen cuanto antes las medidas establecidas por la Superintendencia, y así los ciudadanos en todas las regiones dispongan de un óptimo servicio de transporte público durante la protesta camionera”, señaló Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.

Las medidas que la Supertransporte ordenó a las autoridades locales son las siguientes:

1. Realizar operativos de control para evitar el bloqueo de las vías de su jurisdicción.

2. Adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y transitabilidad de las vías en su jurisdicción, de forma individual o conjunta con otras autoridades.

3. Garantizar la existencia de los recursos necesarios para la realización de los controles y el ejercicio de sus facultades (personal operativo de control, grúas, parqueaderos, entre otros).

4. Verificar que durante el ejercicio de los operativos de control se impongan las órdenes de comparendo e informes de infracciones a las normas de transporte a que haya lugar.

5. Ordenar la inmovilización de los equipos, de acuerdo con la normatividad vigente.

6. Adoptar las medidas para que las empresas de servicio público de transporte intermunicipal realicen los despachos autorizados y reciban el acompañamiento necesario para garantizar la seguridad de los usuarios, conductores y de los vehículos.

7. Ordenar a las autoridades de control operativo que remitan de forma inmediata a las autoridades competentes los informes por infracciones a las normas de transporte o los comparendos, para el desarrollo de la investigación.

El Superintendente Jaramillo advirtió que la entidad iniciará los respectivos controles para verificar que las autoridades locales implementen todas y cada una de las acciones encaminadas a superar los hechos que por estos días afecta la libre movilización de personas y mercancías en toda Colombia.