La Procuraduría General de la Nación, emitió la directiva para hacerle seguimiento a la aplicación de normatividad relacionada con cárceles y condiciones de los internos del país.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, impartió la Directiva 002 de julio de 2016, dirigida a procuradurías delegadas, procuradores judiciales I y II, procuradurías regionales y provinciales, Defensoría del Pueblo, personerías municipales, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y directores de establecimientos penitenciarios y carcelarios, con el fin de realizar seguimiento a la aplicación de las leyes 65 de 1993, 1709 de 2014 y 734 de 2002, en lo relacionado a las condiciones de los internos en los establecimientos carcelarios del país y la atención de estos por parte del Estado.

En la directriz, el jefe del Ministerio Público pide velar por el cumplimiento de las normas señaladas que correspondan a cada institución y de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, practicando visitas, cumpliendo los requerimientos que por ley y jurisprudencia correspondan, y adicionalmente, que presenten informes sobre la gestión realizada en ese sentido.

De igual forma, solicitó a los procuradores judiciales, regionales y provinciales, defensores del pueblo y personeros municipales, practicar visitas periódicas administrativas especiales, al menos dos cada mes, a los centros penitenciarios y carcelarios de sus respectivas sedes para determinar el cumplimiento de la normatividad enunciada e informar a las autoridades administrativas, disciplinarias y judiciales sobre los hallazgos encontrados.

A la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, la directiva le ordena verificar que en los planes municipales y departamentales de desarrollo se hayan incluido los rubros para la financiación de las cárceles, o los convenios con el Inpec y que estos sean proporcionales con las necesidades presupuestales.

Por otra parte, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, pidió al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y a los directores de las cárceles, que pongan en conocimiento del órgano de control las irregularidades en que puedan incurrir miembros del personal de custodia y vigilancia de los establecimientos, por actos de omisión o extralimitación de las funciones.

Finalmente, el procurador general de la Nación solicitó a las delegadas con competencias disciplinarias que adviertan sobre la presunta comisión de faltas, tales como obstrucción a la justicia u obstaculización de las investigaciones disciplinarias y penales, con el propósito de emprender las acciones a que haya lugar.