Al cabo de varios días de verificación sobre el panorama de los migrantes, que pretendiendo transitar hacia territorio norteamericano han llegado al Urabá antiqueño, la Defensoría del pueblo hizo presencia en el municipio de Turbo, donde la situación es particularmente delicada por la llegada masiva de extranjeros.

En este orden de ideas y con el apoyo de las autoridades civiles en ese puerto del noroccidente colombiano, el organismo de control consolidó el censo correspondiente a las personas que permanecen alojadas en una bodega y en los alrededores de la misma, y que constituyen el principal foco de preocupación en estos momentos. Los datos obtenidos de manera directa y por fuente primaria permitieron establecer que a la fecha hay un total de 1.273 cubanos, incluidas 452 personas de sexo femenino y 821 de sexo masculino, entre las que se cuentan niños, niñas y adolescentes, de los cuales 24 requieren atención urgente en salud por distintas enfermedades.

El equipo, conformado por la Defensoría Regional de Urabá y la Oficina de Asuntos Internacionales de la Institución determinó que dentro de este colectivo hay 11 mujeres gestantes (incluida una menor de edad), 426 universitarios y que apenas 60 personas comen tres veces al día, ya que la mayoría 962 solamente puede hacerlo una vez en las actuales condiciones.

Entre los principales hallazgos en materia de vulneración a los derechos humanos, la Defensoría constató factores de alto riesgo en salubridad por la presencia de vectores (insectos y roedores) dentro de los albergues improvisados, evidente cercanía entre el lugar de preparación de los alimentos y el sitio para la disposición de desechos en estado de descomposición y más grave aún, solo hay cuatro baterías sanitarias para los 1.273 migrantes.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo llamó la atención del Gobierno Nacional y las autoridades competentes para que mientras se surten los procedimientos administrativos de ley, se adopten las medidas necesarias para garantizar la convivencia de estas personas en condiciones dignas, sin que se afecten su integridad y derechos fundamentales.

El órgano de control adscrito al Ministerio Publico alertó sobre los efectos del fenómeno migratorio, en muchos casos asociado a la trata de personas, que según cifras oficiales el año pasado dejó 7 mil víctimas en 115 países del mundo de las cuales el 13% resultaron ser menores de edad según los reportes de la OIM.

Entre 2015 y lo que va corrido del presente año, la Defensoría del Pueblo ha acompañado 53 casos de víctimas de este flagelo en el país, siendo las principales modalidades la explotación sexual, laboral, seguida por el matrimonio servil, el reclutamiento ilícito y la servidumbre. Las regiones con mayor incidencia son Cundinamarca, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Bolívar, Atlántico y el Distrito Capital.

Así las cosas, la Defensoría considera indispensable fortalecer los mecanismos de control para contrarrestar este delito a partir de políticas públicas con énfasis en la prevención, protección y asistencia a las víctimas, sin obviar la persecución de la llamada esclavitud del siglo XXI y la articulación institucional para aplicar la estrategia nacional, decretada el pasado 24 de junio, de manera eficaz y teniendo en cuenta los enfoques diferenciales y de género en cada situación.