Con la problemática que se vive en Turbo por cuenta de los 1.273 migrantes cubanos hacinados de manera irregular en una bodega de ese municipio, el procurador Alejandro Ordóñez presentó a la canciller, María Ángela Holguín, una serie de recomendaciones respecto al cumplimiento de los convenios internacionales y a la incursión de la Policía Nacional a este lugar.

Ordóñez le pidió a la canciller velar por la aplicación de los convenios entre naciones que aseguran la protección a los refugiados y respetar el principio de no devolución, consagrado en el artículo 33 de la Convención de 1951 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido que se prohíbe la expulsión y devolución del extranjero al país donde sus derechos a la vida o la libertad esté en riesgo de ser vulnerados.

La Procuraduría recomendó tener en cuenta los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la incompatibilidad de los desalojos forzosos con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

De igual forma, que mientras entra en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana, se adelanten todos los trámites pertinentes ante las autoridades competentes para que se realicen la incursión e inspección de la bodega con previa autorización judicial, con el propósito de garantizar y respetar los derechos de dicha población; así también, que se construya un protocolo de atención que permita garantizar la convivencia en condiciones dignas, con atención en salud, alimentación y con Salas Transitorias de Migración (STM), mientras se realizan los procedimientos administrativos para su deportación, acorde con el decreto 1067 de 2015.

El procurador general de la Nación le recomendó a la ministra Holguín Cuéllar continuar con la implementación de mesas de trabajo conjuntas y de articulación institucional, así como cumplir los compromisos adquiridos en las reuniones pasadas para abordar la problemática de la migración irregular en el Urabá Antioqueño.