–Un urgente llamado al gobierno colombiano para que solucione la crisis humanitaria de los migrantes extranjeros hacinados en Turbo, Antioquia, hicieron este miércoles la Iglesia Católica, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, y el Instituto Pensar.

«De manera especial expresamos profunda preocupación por la integridad de los niños y niñas, las mujeres embarazadas y personas enfermas”, señala la carta que enviaron al ejecutivo colombiano, en la cual advierten que si bien la deportación es una medida administrativa legal y soberana de los Estados, no es la solución real a la situación actual de los migrantes.

“Llamamos la atención sobre la obligación del Estado de «respetar el principio de no devolución, y por tanto, no deportar a otro país, sea o no su país de origen, a cualquier extranjero cuyos derechos a la vida, la integridad personal o a la libertad personal estén en riesgo de violación. El principio de no devolución es la norma fundamental de protección para los solicitantes de asilo y los refugiados», precisan.

Finalmente, exhortan al Gobierno para que se revisen las políticas migratorias y se “adopten las medidas pertinentes, basadas en los derechos humanos” de este grupo de población.

El siguiente es el texto integral de la misiva:

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, el Instituto Pensar y la Pastoral Social hacen llamado al Gobierno nacional a que tome todas las medidas necesarias que protejan los derechos de las personas migrantes Organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones académicas hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a los Gobiernos de la región a tomar medidas urgentes que garanticen el goce efectivo de los derechos de los migrantes, frente a la crisis humanitaria que se presenta actualmente en Turbo-Antioquia- por el represamiento de migrantes en situación irregular.

De manera especial expresamos profunda preocupación por la integridad de los niños y niñas, las mujeres embarazadas y personas enfermas.

Desde el pasado mes de mayo, a partir del cierre de la frontera entre Colombia y Panamá por decisión del presidente panameño Juan Carlos Varela, los migrantes irregulares provenientes de Cuba, Haití y otros países extra continentales con destino a los Estados Unidos en la mayoría de los casos, se encuentran varados en Turbo, en condiciones de hacinamiento, con enfermedades, escases de alimentos y con miedo de ser capturados y deportados.

La población migrante que decide continuar su camino hacia Panamá por pasos informales, se expone a graves situaciones que vulneran su integridad: se exponen a la Selva del Darién y la vía marítima por el Golfo de Urabá.

Estas rutas migratorias son muy riesgosas por:

1. Las condiciones geográficas inhóspitas, ya que se trata de una selva;

2. El elevado riesgo de naufragio en la vía marítima por las condiciones precarias de las embarcaciones y el accionar de los coyotes;

3. La presencia de actores armados ilegales y 4. La alta probabilidad de ser víctimas de múltiples redes ilegales violatorias de los derechos humanos.

Actualmente en Turbo se encuentran represados 1.273 cubanos, de los cuales 300 son menores de edad y 24 requieren atención urgente en salud.

La respuesta del Estado colombiano se ha limitado a incrementar las deportaciones de los migrantes, al punto que en los últimos dos meses ha deportado 5.800 migrantes irregulares.

Si bien la deportación es una medida administrativa legal y soberana de los Estados, no es la solución real a la situación de los migrantes, que en busca de mejores condiciones económicas, reunificación familiar y protección, han padecido una ruta migratoria con múltiples vulneraciones a sus derechos.

Ante la orden del presidente Santos a la Policía de ingresar a la bodega de Turbo donde están los migrantes, y la decisión de Migración Colombia de continuar con las deportaciones, organizaciones defensoras de derechos humanos interpelamos al Gobierno nacional a que tome todas las medidas necesarias que protejan los derechos de las personas migrantes, su derecho a la libertad, la integridad personal, el debido proceso, la protección judicial, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución y a la unidad familiar.

Con base en las normas y estándares internacionales sobre la deportación, el Estado colombiano “debe respetar garantías mínimas como:

i) el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa;

ii) a contar con interpretación y traducción;

iii) a contar con representación legal;

iv) a la protección consular desde el momento de su detención;

v) a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación;

vi) a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación;

vii) a impugnar la decisión de deportación; y

viii) el derecho a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación”. (CIDH, 2016).

Llamamos la atención sobre la obligación del Estado de “respetar el principio de no devolución, y por tanto, no deportar a otro país, sea o no su país de origen, a cualquier extranjero cuyos derechos a la vida, la integridad personal o a la libertad personal estén en riesgo de violación. El principio de no devolución es la norma fundamental de protección para los solicitantes de asilo y los refugiados” (CIDH, 2016).

Finalmente, exhortamos al Gobierno Nacional a que reevalúe sus políticas migratorias, analice la naturaleza de las migraciones, adopte las medidas pertinentes, basadas en los derechos humanos, frente al incremento del tránsito de migrantes y la posibilidad de ser un país de destino, especialmente ante un escenario de construcción de paz en Colombia. Un país que ha padecido el desplazamiento forzado de más 6 millones de personas y ha producido más de 550.000 refugiados, está llamado a actuar bajo los principios internacionales de solidaridad y reciprocidad.