Se trata de una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, contra varios funcionarios: la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, el viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y para varios exalcaldes y exgobernadores por su posible responsabilidad en la muerte de niños wayúu por causas relacionadas con la desnutrición.

Lo que busca la Procuraduría es determinar si los funcionarios tuvieron responsabilidad en la situación de varios menores de edad, que murieron por presuntas irregularidades en los programas de alimentación.

Los menores eran provenientes de los municipios de Manure, Riohacha y Uribia, y la investigación a la directora del Icbf será por la forma en que atendió la crisis humanitaria en el departamento de La Guajira, porque: «adoptado medidas ineficaces en temas tales como la atención a los menores en situación de desnutrición, la centralización de la contratación de operadores, la asignación de cupos a los mismos, (…) al parecer no ha contrarrestado dicha problemática sino que por el contrario se ha agravado la crisis que en lo que va del año 2016 ha cobrado más de diez víctimas por desnutrición», dice la Procuraduría.

La procuradora delegada para la infancia y adolescencia, Ilva Miriam Hoyos, hizo visitas a la región y elaboró un informe que entregó a la Procuraduría con la supuesta falta de administración para atender el tema de la desnutrición de los niños en la Guajira.

La investigación se extiende a otros funcionarios como al exdirector del Icbf Guajira, Leandro Alberto Sampayo Vergara, el exdirector del Icbf Marco Aurelio Zuluaga Giraldo, la directora del programa Primera Infancia del Icbf, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, el gerente del Fondo Adaptación, Iván Fernando Mustafá Durán, los exgobernadores de la Guajira José María Ballesteros Valdivieso y Oneida Pinto, al exalcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra, el exalcalde de Uribia, Abel José Giacometto Fominaya.

La Procuraduría solicitó la Práctica de las siguientes pruebas:

· Informes presentados por el supervisor del o de los contratos por medio del cual se adelantó el proceso de microfocalización, para la atención humanitaria de los niños wayúu en La Guajira, incluyendo texto del contrato, el nombre y cargo del supervisor del mismo y los informes de su labor durante la ejecución del mismo.

· Informe sobre la celebración y ejecución dentro del proceso de contratación pública IP 004 de 2015, mediante el cual se constituyó el Banco de Oferentes y se explique cuáles fueron los criterios de selección y de exclusión de los oferentes.

· Se informe sobre la celebración de contratos para la entrega de ayudas alimentarias a niños wayuu y como se llevó a cabo la supervisión de los mismos, en razona los hechos investigados.

· Se informe si es cierto que se centralizó la contratación de operadores para la entrega de ayudas humanitarias y que la supervisión de los mismos fue llevado por la doctora Karen Abudinen Abuchaibe, directora de primera infancia del Icbf., y en caso de ser así, se envíen las actuaciones de supervisión y estudios técnicos que motivaron tal decisión.

· Se informe a este despacho cual es la política pública para la asignación de cupos de las ayudas humanitarias entregadas a niños wayúu en La Guajira y cuál es la metodología para la escogencia de los beneficiarios.

· Se informe si existen aún centros zonales de atención en la Guajira, en caso de existir, se informe el número de centros la ubicación de los mismos y los servicios que estos prestan, en caso de no existir, se informe el porqué del cierre de los mismos.

· Se informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo accionante la comunidad Shipia Wayuú representada por la doctora Carolina Sachica.

· Requerir a la Contraloría General de la República para que se sirva informar si actualmente cursa proceso fiscal relacionado con la atención a la crisis humanitaria en el departamento de La Guajira en aspectos como atención alimentaria y el suministro de agua, indicando hechos, nombre de los implicados, y remitir hallazgos disciplinarios que se hayan encontrado.

· Requerir a la Contraloría Departamental de La Guajira, para que remita a este despacho los hallazgos disciplinarios que se hayan encontrado en los entes territoriales como lo es la Gobernación y las Alcaldías municipales de Uribía, Maicao, Manaure y Riohacha, por la atención nutricional y suministro de agua. De igual forma se solicita por parte de este Despacho se Informe si al interior de esa Contraloría, se lleva a cabo procesos de responsabilidad fiscal derivada de la administración de recursos para atender la crisis humanitaria por la cual atraviesa el departamento de La Guajira, indicando funcionarios involucrados y hechos que dieron origen al proceso.

· Requerir a la Fiscalía General de la Nación que se informe ante este despacho, que investigaciones y procesos penales se llevan en curso al interior de la Fiscalía General y sus secciona les, en contra de los investigados, por el desempeño de sus funciones en la atención a la crisis Humanitaria de La Guajira, como de los hallazgos que hayan hecho en investigaciones al interior del departamento de la Guajira sobre las muertes por desnutrición desde enero de 2014 a la fecha.