–Los paramilitares extraditados de Colombia, entre ellos Hernán Giraldo Serna y Salvatore Mancuso, son «presos privilegiados» en Estados Unidos, donde «han recibido un tratamiento relativamente indulgente», según lo afirma el influyente diario “The New York Times”, en un extenso escrito que publicó este fin de semana.

«La mayoría, según hemos descubierto, fueron premiados generosamente por declararse culpables y cooperar con las autoridades de Estados Unidos», subraya el diario estadounidense y agrega: «Fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales en Colombia, y se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas —aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos desde el interior de esos penales—».

Citando a 14 sujetos extraditados, «que los defensores de las víctimas dijeron que era como exportar a “14 Pinochets”–encabezados por Hernán Giraldo Serna–, el periódico advierte que estos «han recibido un tratamiento relativamente indulgente para ser narcotraficantes importantes que, además, han sido acusados de terrorismo por cometer masacres, desapariciones forzadas y desplazar a pueblos enteros».

Además advierte: «Una vez que los paramilitares colombianos (varias docenas en total) hayan cumplido las condenas que tienen en Estados Unidos, la media de su estancia en prisión será de siete años y medio».

Según los cálculos de The New York Times, los cabecillas extraditados habrán cumplido un máximo de 10 años de media por haber introducido en Estados Unidos toneladas de cocaína.

Es más–agrega–, para algunos traficantes colombianos, la sentencia puede rendir un dividendo importante: un permiso de residencia en Estados Unidos. Aunque las autoridades colombianas tienen acusaciones formales contra ellos, dos ya tienen autorización para quedarse en Estados Unidos junto con sus familias. Tres más han pedido el mismo beneficio y se supone que varios más lo harán.

A propósito de estos hechos, el diario neoyorkino destaca una declaración de «Alirio Uribe diputado en el congreso de Colombia», quien dijo que “en los tiempos de Pablo Escobar, solían decir que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, pero ahora quizás la extradición sea más beneficiosa para ellos”.

Dice más adelante que durante 52 años, con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno colombiano ha vivido atrapado en un conflicto armado feroz con la guerrilla. Aunque al principio impulsó a los paramilitares en calidad de aliados, décadas después les retiró su apoyo. Mucho después de que hubieran sido cooptados por los terratenientes y los carteles. Antes de la desmovilización, por el 2005, los paramilitares ya igualaban a la guerrilla en cuanto a tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Ahora, ocho años después de la extradición de los paramilitares, el gobierno de Colombia ha llegado a un acuerdo de paz con sus enemigos mortales, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), precisa y complementa: El 2 de octubre el país votará sobre el acuerdo y, mientras tanto, hay un debate, polarizado, sobre crimen y castigo para las Farc que se alimenta de los errores cometidos durante la desmovilización de los paramilitares.

«Nadie defiende ahora que se deje la justicia del país en manos de Estados Unidos, pero el capítulo de la historia paramilitar de Colombia no se ha cerrado y contiene muchas páginas en blanco, según María Teresa Ronderos, autora de Guerras recicladas, una historia del paramilitarismo colombiano. “Nadie sabe lo que le sucedió a esos hombres”, subraya.

En cuanto a los beneficios que han recibido los capos del paramilitarismo y el narcotráfico, el informativo reseña por ejemplo, a Salvatore Mancuso, de quien el gobierno dijo que “podría bien ser uno de los traficantes de cocaína más prolíficos que ha sido juzgado en Estados Unidos” y a quien la justicia colombiana cree responsable de la muerte o desaparición de más de mil personas.

Según el acuerdo al que llegó con las autoridades, recibiría entre 30 años de condena y cadena perpetua. Gracias a su amplia colaboración con las autoridades, los fiscales, uno de los cuales describió a Mancuso durante una entrevista como “siempre un caballero ante mí”, pidieron solo 22 años. Un juez federal lo condenó a poco más de 15 años. Al final habrá pasado poco más de 12 años tras las rejas en Estados Unidos.

Sin embargo, destaca, hubo una excepción notable.

La fiscalía de Nueva York rechazó permitir que Diego Murillo Bejarano, Don Berna, pudiera cambiar información por beneficios de condena. Lo condenaron a 31 años. El único paramilitar que recibió una condena de más de 30 años además de él espera una reducción de entre el 35 y el 50 por ciento de la condena gracias a su cooperación, según sus abogados.

Añade que cuando Herbet Veloza García, conocido como HH, fue condenado esta primavera en un tribunal federal en Manhattan, el fiscal lo llamó un “acusado extraordinario por su conducta criminal grave, pero también por su extraordinaria cooperación”.

En este caso, como en la mayoría, no es posible determinar con certeza el grado en que esa cooperación ha sido útil para el gobierno de Estados Unidos porque la información específica no es de acceso público. Pero Veloza, según Rubén Oliva, su abogado, “dio una confesión completa” que permitió su propia acusación y su “asistencia sirvió para dar varios golpes a varias organizaciones importantes y a las peligrosas y corruptas organizaciones establecidas para servirles”.

El gobierno de Estados Unidos encontró a Veloza responsable de traficar más de 450 kilos de cocaína. Sentenciado a 11 años y medio, saldrá este otoño tras haber cumplido siete años y medio tras las rejas en Estados Unidos. Y entonces, pese “a todas las cosas horribles que has hecho a lo largo de tu vida”, como le dijo el juez William H. Pauley III, podrá “tener la oportunidad de comenzar de nuevo”.

Planea quedarse en Estados Unidos, según Oliva, aunque en Colombia le espera una sentencia del proceso de Justicia y Paz por 85 delitos entre los que se incluyen tortura y homicidio.

También señala el diario:

Hasta ahora dos paramilitares han conseguido que Estados Unidos se convierta en su refugio tras salir de prisión: Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuso, que pasó cinco años en prisión, y Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, que pasó casi siete.

Ambos tienen órdenes de arresto en Colombia; Sierra en relación con un asesinato, según la Fiscalía General en Colombia.

Sus familias han recibido asilo político al igual que la familia de un tercer paramilitar, Mauricio López Cardona, conocido como Yiyo, quien también ha pedido quedarse. Igual que Guillermo Pérez Alzate, extraditado con Giraldo y que ha cumplido menos de la mitad de su condena.

Como narcotraficantes condenados, estos hombres no pueden pedir asilo. Piden una forma de protección poco habitual contra una posible expulsión basada en la Convención contra la Tortura, y argumentan que serían torturados por su gobierno, que ahora dirige el presidente Juan Manuel Santos.

“No sugiero que el presidente Santos mienta”, dijo Oliva. “Pero estos hombres no sobrevivirían fuera del aeropuerto. Literalmente, los matarían al llegar”.

Samper, hijo de quien fuera presidente de Colombia en los noventa, dice que ese argumento “no es creíble”.

“Tenemos el mejor programa de protección individual del mundo reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Es una locura”, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la clínica de derecho internacional humanitario de la Universidad de California en Berkeley, que representa a la familia Henríquez. “Estos individuos son lo peor de lo peor. Capos de la droga y criminales de guerra. ¿Por qué deberían recibir beneficios legales?”.

Las autoridades de Estados Unidos creen que las extradicciones tuvieron sentido en una coyuntura histórica determinada y “demostraron a los colombianos que no existía nadie intocable”, tal y como lo explica uno de sus funcionarios.

Varios fiscales federales respondieron a Altholz diciendo: “Vamos a acabar con ellos, no importa cuál sea el motivo”.

Para ella y otros defensores de los derechos humanos, sí importa: los crímenes contra la humanidad se llevaron por delante al narcotráfico y Estados Unidos podría haber juzgado a esos hombres por tortura, por ejemplo. O podría haberle dado una oportunidad a la justicia transicional colombiana, concluye The New York Times.