La decisión se tomó en la Sección Segunda del Consejo de Estado, tribunal que anuló la sanción de 14 años de inhabilidad proferida por la Procuraduría General de la Nación, contra la exsenadora Piedad Córdoba.

Para el Alto Tribunal, la exsenadora no tuvo responsabilidad en una presunta financiación irregular de la campaña de Ricardo Montenegro, representante a la Cámara.

Ahora Piedad Córdoba recuperará sus facultades como funcionaria pública y podrá nuevamente ser elegida de manera popular tras no tener inhabilidades, que fueron preferidas por la Procuraduría General de la Nación.

Roberto Salgado, abogado defensor de Piedad Córdoba señaló ante el Consejo de Estado que la Procuraduría General no tenía las competencias en este proceso para emitir estas sanciones contra la excongresista.

Salgado señaló que: “Tratándose de una causal de pérdida de investidura el procurador no puede remover a un congresista, tiene es que solicitarle al Consejo de Estado decrete la pérdida de investidura entonces él debió presentar la demanda ante el alto tribunal”.