El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada instó a Colombia a adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los casos de desaparecidos sean asumidos desde el inicio por la jurisdicción judicial ordinaria y no quede espacio para la investigación por la justicia militar.

El pasado 6 de octubre, Colombia fue sometida al escrutinio del Comité contra la Desaparición Forzada, y este viernes este ente emitió las conclusiones de dicha evaluación.

En ellas se indica que al comité «le preocupa la información recibida acerca de que muchos de los casos denominados ‘falsos positivos’, calificables como ejecuciones extrajudiciales que asimismo encuadran en la definición de desaparición forzada de la Convención, se encuentran radicados en la jurisdicción penal militar con la consecuencia de que no se garantiza una investigación independiente e imparcial ni su adecuada calificación jurídica».

Ante esta situación, los expertos de la ONU «recomiendan» a Colombia que «adopte las medidas necesarias para garantizar en la práctica que todos los casos en los que se presuma que la víctima fue sometida a desaparición forzada, aun cuando se la hallare sin vida, sean conocidos desde el inicio por la jurisdicción ordinaria».

Los denominados «falsos positivos» eran civiles que fueron abatidos por el Ejército a los cuales se les hacía pasar como guerrilleros.

«El derecho internacional establece muy claramente que las desapariciones forzadas, que son un crimen internacional, no deben juzgarse en la jurisdicción militar. La ley colombiana así lo recoge, pero en la práctica sí que ocurre, y esto debe cambiar», indicó Rainer Huhle, miembro del comité y relator del caso de Colombia.

«Los ‘falsos positivos’ se investigan en muchos casos en cortes militares como simples homicidios cuando no lo son. En la mayoría de los casos comenzaron como desapariciones forzadas y acabaron como ejecuciones extrajudiciales, ambos crímenes internacionales», agregó el relator.

En general, el Comité se congratula de los esfuerzos llevados a cabo por el Estado en los últimos años, pero lamenta que Colombia aún tenga numerosos retos y desafíos en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda de las personas desaparecidas.