Con un plazo de 6 meses, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación implementar una estrategia que garantice la enseñanza a los estudiantes en situación de discapacidad, como lo brindan algunas instituciones de Colombia.

La sentencia emitida por la corte dice: “La Sala estima que la evaluación de los planteles educativos a partir de los resultados de las pruebas de Estado son un método que puede resultar insuficiente para determinar si en un centro educativo inclusivo se cumplieron las metas de calidad trazadas en un principio”.

Y Agrega que: “las pruebas Saber Pro son una herramienta importante para la medición de determinado tipo de enseñanza, sin embargo, es posible que la formación en otras habilidades que pueden recibir algunas personas en situación de discapacidad en el aula de clase, no puedan ser comparadas bajo ese criterio”.

Por el caso de una tutela interpuesta donde se advierte que quitaron los subsidios de un plantel educativo que tenía a su cargo estudiantes en situación de discapacidad y que no cumplió con el puntaje exigido en la metodología de la Prueba Saber.

Por esto la Corte consideró que: “los resultados de las pruebas Saber en centros educativos para personas en situación de discapacidad puede no demostrar necesariamente la calidad de los procesos educativos (…) es posible que esto no se vea reflejado a través del parámetro de evaluación diseñado para la mayoría de la población”.