Con la presencia del ministro de Minas, el superintendente de Servicios Públicos y del director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, la Plenaria del Senado llevó a cabo el debate citado por los problemas que presenta la empresa prestadora del servicio de energía Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., que según palabras del senador José David Name, vienen de tiempo atrás.
Electricaribe atiende a cerca de 2,5 millones de clientes en los departamentos de la Costa Caribe y según las quejas de los usuarios, presenta interrupción constante en la prestación del servicio de energía eléctrica.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República, señala que “existen usuarios de las zonas especiales y de difícil gestión, que le deben a la compañía más de 697.000 millones de pesos, de los cuales las zonas subnormales representan 401.599 millones de pesos”.
El ente de control fiscal señala además en su informe que “los recursos para normalizar las redes en barrios subnormales y para expandir la infraestructura están quietos, sin generar beneficio a las comunidades, pues 404.453 millones de pesos girados por parte del Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe para estos propósitos, en el 2008 y entre el 2011 y 2014, se dejaron de ejecutar 93.043 millones de pesos”.
En medio de la discusión los senadores de la costa Atlántica elevaron el reclamo al Gobierno Nacional por la pasividad que existe ante la mala prestación del servicio de energía en la costa Atlántica en manos de Electricaribe. El senador Name del Partido de la U, le pidió al Gobierno Nacional soluciones inmediatas para así evitar un posible racionamiento.
Por su parte la senadora Dayra Galvis denunció que Electricaribe contrató una serie de obras de infraestructura en barrios subnormales que al día de hoy no se han ejecutado. Estas representan un monto de 1,5 billones de pesos.
La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia fue más allá, exponiendo los casos de diferentes empresas prestadoras de servicios públicos en el país, sustentando que este tipo de problemas, van mucho más allá de Electricaribe y que es necesario abordarlos de manera global. La parlamentaria aseguró que en nuestro país los colombianos no están recibiendo unos servicios públicos de calidad y que la Superintendencia de Servicios Públicos no ejerce una buena vigilancia sobre esta gestión a pesar de que recibe un monto total de 125 mil millones de pesos al año para su funcionamiento.
Según la parlamentaria, resulta extraño que las pocas sanciones que se fallan a favor de los usuarios, no es ni la mitad en comparación con el número de quejas que existen sobre la prestación de servicios públicos en Colombia. (Descargue presentación al final)
Los senadores coinciden en pedir del Gobierno Nacional soluciones pronta para que un posible racionamiento, no termine por afectar el normal desempeño de la economía, no solo en el departamentos de la costa Atlántica, sino del país en general.
