–La Defensoría del Pueblo urgió al gobierno la adopción de medidas de protección para la población del departamento del Vaupés, frente a eventuales acciones del frente primero de las Farc, que, como se sabe, se ha declarado en disidencia frente a los acuerdos de paz firmados por los cabecillas del grupo guerrillero con el gobierno.

Según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, los riesgos son de reclutamiento forzado, accidentes por minas antipersonal, extorsiones e intimidaciones.

En el comunicado, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por la situación humanitaria en el departamento del Vaupés, debido a las acciones armadas que realiza el Frente Primero ‘Armando Ríos’ y la compañía ‘Urías Cuellar’, disidentes de las Farc, que –advierte– vulneran los derechos fundamentales a la vida, la libertad e integridad personal de la población civil de los municipios de Mitú, Carurú y Taraira y las áreas no municipalizadas de Papunahua, Yavaraté y Pacoa.

Luego de un trabajo de monitoreo en el terreno, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría emitió la Nota de Seguimiento 014 del 2 de noviembre de 2016, en la que informa los factores de amenaza y vulnerabilidad de la población civil, por los riesgos de desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones, reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y la instalación de minas antipersonal que, unido a los retenes ilegales, afectan la libre movilización de comunidades indígenas y las labores diarias de cultivo.

También es factible la ocurrencia de homicidios selectivos, hostigamientos y ataques armados, el uso de medios y métodos para generar terror en la población como la intensificación de las intimidaciones y el control social para que las comunidades acaten las exigencias y pautas de conductas establecidas por este grupo armado ilegal.

Las comunidades de la zona rural del Vaupés afrontan graves dificultades sociales y económicas por la pobreza, la carencia de vías y medios de transporte, la precaria prestación del servicio de salud y por los problemas de seguridad alimentaria y de permanencia en la escuela de los niños, niñas y adolescentes por las deficiencias en materia de recursos humanos y logísticos, entre otros.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes, para que adopten eficaces medidas de prevención, protección y atención humanitaria de carácter integral, tendientes a evitar las violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como consecuencia del accionar de la disidencia de las Farc en Vaupés.