En debate de control político, la Concejal Patricia Mosquera evidenciará qué la exposición a delitos de violencia y explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes está incrementando en Bogotá.
Los menores son víctimas de conductas que ponen en riesgo su integridad en escenarios que deben ser protectores. En lo corrido del año, 4.342 niños, niñas y adolescentes han ingresado al sistema de establecimiento de derechos del ICBF – Víctimas de violencia sexual.
Por ejemplo en las instituciones educativas e incluso sus entornos familiares, son espacios en donde la exposición es preocupante. El indicador que refleja la gravedad de la situación es que en los últimos 6 años se han presentado presuntamente 4.065 casos relacionados con delitos sexuales.
La problemática tiene unos factores culturales y sociales que no deben ser tolerados por la sociedad. Se han construido imaginarios que permiten la validación de comportamientos que avalan ciertas conductas sexuales con los menores de edad.
“Es un intolerable ético que actualmente se vean menores de edad expuestos a este tipo de delitos en el espacio público. Este es un indicador que refleja la vulnerabilidad de los menores y la situación de riesgo en la que se encuentra la problemática”.
Según la investigación adelantada, en Bogotá la explotación sexual-comercial infantil se concentra principalmente en 4 localidades con un indicador de 2.113 casos en Kennedy, Santa Fe, Mártires y Chapinero en los últimos 6 años.
La capacidad institucional para la atención integral de niñ@s víctimas no es suficiente. Un sólo internado ubicado en la localidad de Mártires, es reflejo de una realidad institucional que no cuenta con las condiciones necesarias para afrontar la complejidad en las dinámicas de este fenómeno, especialmente en localidades con alto riesgo.
Es importante que las instituciones actúen de manera pertinente, con personal competente para la atención integral de aquellos menores víctimas de este flagelo. Bogotá no puede ser un testigo silencioso de la violación de los derechos de los menores en los temas relacionados con la sexualidad.
Para la Concejal Mosquera, la actual naturaleza institucional del IDIPRON no está armonizada con las necesidades y realidades de este fenómeno. Si bien los procesos de atención se enfocan principalmente al desarrollo pleno de oportunidades y competencias, se deja en un segundo plano el acompañamiento judicial como componente fundamental para la atención integral y el restablecimiento de los derechos.
En los últimos 3 años, los niños atendidos por este delito suman más de 2.300, una cifra alarmante ya que los registros no se comparan con la situación real del fenómeno.
“Esta situación es muy grave, ya que pone en evidencia la realidad de esta problemática y refleja la vulnerabilidad de los menores y la violación a sus derechos”. Afirma la Concejal Mosquera.
