Con el propósito de poner en operación el proyecto Cruce de la Cordillera Central-Túnel de La Línea en el primer semestre del 2018 -que involucra 5 contratos- y luego un análisis técnico, jurídico y financiero, el Instituto Nacional de Vías (Invías) decidió no aceptar la solicitud de prórroga realizada por la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC), cuyo contrato expiró ayer, 30 de noviembre, fecha que tenía como plazo pactado para terminar las obras.

Esta decisión, explicó el Director General del INVÍAS, Carlos García Montes, busca encontrar una solución definitiva para culminar la megaobra y de ninguna manera afecta la ejecución de los otros cuatro contratos de obra que se desarrollan en la zona actualmente.
Agregó que el Comité de Adiciones y Prórrogas del Instituto, con base en los oficios enviados por la interventoría, la revisión del caso y demás documentos, recomendó abstenerse de considerar la prórroga solicitada por considerar que las condiciones de ejecución son críticas y aseguró que las restricciones del contrato ‘llave en mano’ en las circunstancias actuales hacen que los recursos que pudiera tener el contratista se observan insuficientes para que este pueda ejecutar la obra faltante (12 por ciento).
El anuncio de no prorrogar el contrato ‘llave en mano’, a precio global fijo, adjudicado en el Gobierno anterior, que venía ejecutando la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC) se da luego de ver los avances conseguidos por el contratista después de 20 meses adicionales que se otorgaron a través del acuerdo conciliatorio del 10 de marzo del 2015, en el que se pactaron 20 hitos, sin lugar a reclamaciones judiciales o extrajudiciales por reconocimiento y pagos de perjuicio alguno.
El contratista había solicitado formalmente el 11 de noviembre del presente año, una nueva prórroga al contrato, sin embargo la firma de interventoría y las veedurías ciudadanas, después de conocer en diferentes visitas el ritmo de construcción de la UTSC, habían coincidido que para concluir las obras el contratista necesitaría un plazo no menor a 7 meses. Durante su ejecución el proyecto había recibido cuatro prórrogas que representaron 39 meses adicionales.