En la audiencia, la juez advirtió que se trata de un delito contra la administración pública y que por lo tanto solicitar la libertad por esta vía no es posible, toda vez que está expresamente prohibido por la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia.
“Se trata de una violación al principio de estricta legalidad porque conlleva implícita la aplicación de una norma superior”, manifestó la togada.
Los hechos relatados por la Fiscalía General, vinculan a Caballero Lozano como determinador para que un grupo de abogados pagara 400 millones de pesos a magistrados de la Corte Constitucional para la revisión de una acción de tutela, la cual obliga a esta compañía al pago de 22.500 millones de pesos al departamento de Casanare.
Como elementos materiales probatorios el ente acusador cuenta con documentos, contratos y las declaraciones entregadas por el mismo funcionario, en las que afirma haber sostenido reuniones con el expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, para estos efectos relatados por el ente acusador.
