Por los delitos asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas durante su mandato, lo que supone, su primer proceso en una investigación por corrupción,un Juez de la República de Argentina, abrió proceso acusatorio contra la expresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner.

El juez federal Julián Ercolini también dispuso el procesamiento por los mismos delitos del exministro de Planificación Federal y actual diputado Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, cuya compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con el otorgamiento irregular de obras.

El Centro de Información Judicial reprodujo en su página de internet el dictamen del magistrado en el que también ordenó un embargo sobre los bienes de cada uno de los acusados de 10.000 millones de pesos (unos $633 millones). Los procesamientos no contemplan la prisión preventiva y pueden ser apelados.

El juez señaló en su fallo que «se encuentra acreditado» que la exmandataria y los exfuncionarios «habrían formado parte de una asociación «que funcionó al menos entre el 8 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015″ destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz», en el sur argentino.

El expediente, abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros la diputada oficialista Elisa Carrió -entonces opositora-, estudia un supuesto esquema de «beneficios exclusivos» a favor del grupo Austral, propiedad de Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y ahora detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

«Se empieza a hacer Justicia», expresó hoy Carrió a través de la cuenta oficial de Twitter de Coalición Cívica, su agrupación política.

Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales del caso, ya habían apuntado contra los imputados por presuntos delitos de «administración infiel» y de negociaciones incompatibles con la función pública, al ver indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.

Aunque la ex jefa de Estado ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa propiamente relacionada con delitos considerados de corrupción.

«Estamos con mucha tranquilidad, porque era algo esperable. Es una causa del año 2008, han pasado dos periodos constitucionales, nunca la han llamado a (declaración) indagatoria en estos dos periodos y ahora que está el Gobierno de Macri la llaman a indagatoria y la procesan», criticó, en declaraciones a Efe, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta.

A su juicio, y en la misma línea de discurso que desde hace meses realiza su representada, todo esto «es típico de una persecución absolutamente política y judicial».

El letrado adelantó que «posiblemente» se presentará una apelación ante la Cámara Federal al considerar que lo expuesto por Ercolini es «de una calidad realmente paupérrima» y supone tomar «livianamente» un procesamiento de una expresidenta, lo que en su opinión puede ser objeto de sanción hacia el magistrado.

En una extensa resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como «coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública».

Ercolini considera que la ex jefa de Estado «habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno y responsable política de la administración general del país».