–Siete congresistas anunciaron el inicio de una cruzada nacional para recoger 5 millones de firmas para convocar la «Consulta Popular Anticorrupción», mediante la cual se proponen «darle la orden y hacer obligatorio para el próximo gobierno y Congreso que adopte 7 medidas indispensables para prevenir y castigar duramente a los políticos y contratistas corruptos en todo el país, las cuales se han negado a adoptar de manera recurrente».

Claudia López, Antonio José Navarro, Angélica Lizbeth Lozano, Antonio, Sanguino, Rodrigo Romero, Jaime Navarro y Ángela María Robledo, ?integran el Comité promotor de la consulta, quienes en la exposición de motivos establecen que recurren a este mecanismo porque tanto el gobierno, como el mismo congreso, se han negado sistematicamente a adoptar medidas eficaces contra la corrupción.

Al efecto, advierten que el mecanismo popular es muy exigente pero tiene la gran ventaja de que lograda la votación, lo aprobado en la Consulta es de obligatorio cumplimiento.

Además afirman: «Si el Congreso se niega a aprobarlas normas anticorrupción ordenadas por la Consulta, el Presidente de la República puede y debe sacarlas por decreto. Así que este esfuerzo no será en vano. Vamos a demostrarle a la clase política y los contratistas corruptos que los ciudadanos somos mayoría, y que los vamos a controlar y a castigar en las urnas y en la justicia».

Entre otras cosas, el objetivo es reducir el salario de los Senadores y Representantes a la Cámara congresistas de 40 a 25 Salarios, limitar a máximo 3 períodos la permanencia en el Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales y obligar a los elegidos mediante voto popular a hacer públicas las declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés.

La Consulta Popular Anticorrupción pone en consideración de la ciudadanía los siguientes siete temas de trascendencia nacional con el propósito que se adopten medidas en favor de la transparencia y en contra de la corrupción:

(i) Reducir elsalario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentesfijando un tope de 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes como máxima remuneración mensual de los Congresistas y altos funcionarios.

(ii) Implementar que los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penassin reclusión especial, y que el Estado pueda terminarlos contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin indemnización ni posibilidad de volver a contratar con el Estado.

(iii) Crear la obligación de usar pliegos tipo para todas las entidades públicas y territoriales, para reducir la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables, y la contratación a dedo.

(iv) Realizar audiencias públicas obligatorias para que la ciudadanía y los corporados decidan sobre el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, y sobre la rendición de cuentas de la contratación y ejecución.

(v) Crear la obligación de rendir cuentas anualmente para los congresistas y demás corporados, con información sobre asistencia, iniciativas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, partidas e inversiones públicas gestionadas y cargos públicos para los que hayan presentado candidatos.

(vi) Crear la obligación de hacer públicas las declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés para todos los electos mediante voto popular, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, e iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros.

(vii) Limitar a máximo 3 períodos la permanencia en las corporaciones: Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y JAL.

Y en el mismo orden, éstas son las 7 preguntas concretas que se plantean para la consulta popular:

Finalizado el conflicto armado nuestra gran prioridad es domesticar a la clase política y derrotar su corrupción, precisan los promotores de la iniciativa.

«Es necesario implementar estas iniciativas por vía de consulta popular ya que ninguna de ellas ha sido acogida por medio de los mecanismos de ley ordinarios, lo cual justifica que su adopción se realice por medio de la participación democrática», puntualizan.

Además argumentan que gran parte de quienes cometen delitos contra la administración pública en Colombia son beneficiarios de condiciones especiales de reclusión.

Según la Fiscalía General de la Nación, entre 2008 y 2015 el 81% de los delitos contra la administración pública estuvieron vinculados directamente con el cohecho, el peculado y la concusión.

De estos, la conducta más común es la conocida como el “soborno” y tipificada como “cohecho”, fenómeno en el cual servidores públicos reciben beneficios para retardar u omitir un acto propio de su cargo o sus deberes oficiales; o ciudadanos que han dado u ofrecido beneficios para este mismo propósito se ven inmersos en un delito contra la administración pública.

Según cifras oficiales, en el mismo periodo de tiempo, 2.458 sanciones penales -43% del total de delitos contra la administración pública- están vinculados al cohecho .

El segundo fenómeno más frecuente es el peculado, conducta en la cual servidores públicos apropian o usan indebidamente bienes del Estado. Éste representa el 26% de los delitos contra la administración pública

Al explicar cada uno de los siete asuntos que abocará la consulta, resaltan que la iniciativa de establecer un tope de 25 SMLMV a la remuneración mensual de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado, y consecuentemente, disminuir la devengada actualmente, ha sufrido un bloqueo que hace imposible que el Congreso se manifieste de fondo sobre la
autorregulación de los salarios de sus integrantes.

El fallido proceso legislativo descrito da cuenta de un evidente y reiterado bloqueo por parte del Congreso de la República, el cual se ha negado de manera sistemática a discutir de fondo la autorregulación en la asignación salarial de sus integrantes y su fórmula de actualización. Las estrategias implementadas por esta corporación incluyen la presentación de conflictos de interés abiertamente improcedentes, el ausentismo, la dilación del punto en el orden del día, la acumulación improcedente con otros proyectos y la negación a dar apertura de la discusión. Esta situación hace necesario que la regulación de los salarios de los congresistas se realice por medio de un mecanismo como la consulta popular de origen ciudadano, cuya decisión obligaría al Congreso a la adopción de un tope salarial para sus integrantes.

Sobre la eliminación de privilegios para los corruptos, señalan:

Gran parte de quienes cometen delitos contra la administración pública son beneficiarios de condiciones especiales de reclusión.

Si bien el Estado Colombiano ha desarrollado distintos esfuerzos por controlar la corrupción en la administración pública mediante el régimen penal como es el caso de la expedición de la ley 1474 del 2011 conocida como “Estatuto anticorrupción” o de la Ley 1778 del 2016 conocida como la “Ley antisobornos”, estos esfuerzos han resultado infructuosos para confrontar de manera efectiva el fenómeno de la corrupción, esto justifica la adopción de medidas como las impulsadas por medio de la presente consulta ciudadana que obliguen a la administración pública a modificar el régimen legal vigente para eliminar la figura de reclusión especial en el caso de delitos contra la administración pública.

Sobre la poca efectividad de anteriores esfuerzos legislativos en materia de lucha contra la corrupción se han pronunciado entidades como la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción, dejando en claro que avances como el “Estatuto anticorrupción” no han logrado cumplir las expectativas iniciales con las que fue expedido:

“luego de tres años de su expedición la Comisión Nacional Ciudadana observa que este instrumento aún no ha sido aprovechado lo suficiente por el Estado e incluso, en algunos casos, no ha logrado cumplir con algunas de las expectativas trazadas al momento de su expedición debido principalmente al bajo alcance de los esfuerzos de difusión y sensibilización sobre el Estatuto, al limitado desarrollo normativo complementario posterior a su aprobación en julio de 2011, y a la necesidad de darle un mayor impulso a la institucionalidad requerida para fortalecer la implementación del Estatuto Anticorrupción”.

Es evidente la necesidad de aumentar el costo de la comisión de delitos contra la administración pública, no sólo en términos económicos sino también en materia de severidad de la sanción.

Si la ciudadanía aprueba esta pregunta se se abrirán mayores espacios para la renovación participación. Esta política estimula un relevo en la política colombiana que permitiría una representación y participación ciudadana más fuerte.

El principal argumento en contra de la reelección es que los políticos pueden abusar de los poderes con que cuentan, a fin de perpetuarse en su cargo . Por ejemplo, la reelección podría fomentar la 29 corrupción, ya que está en juego la estabilidad de un cargo de poder, por lo cual el político en ejercicio y, a la vez candidato, puede disponer de mayores recursos para fines electorales; además, se pueden establecer y afianzar relaciones clientelistas con determinados sectores de la sociedad en perjuicio de otros . Sumado a ello, una clase política que no se renueva pierde vigor en el debate y las ideas, configurando un «club» cerrado de «caras conocidas».

La propuesta de esta consulta, permitirá asegurar que haya una mayor renovación y depuración de la política colombiana. Es importante señalar que imponer un límite de periodos no implica una modificación a la constitución, por lo que resulta viable hacerlo mediante una consulta popular, concluyen.