El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender de manera provisional el contrato de concesión número 1 del 14 de enero del 2010 para las obras de la Ruta del Sol II.

De acuerdo con el Tribunal, la suspensión será hasta que se dicte sentencia con respecto a la acción popular interpuesta por la Procuraduría o hasta que se resuelva la petición de nulidad del contrato que está hoy en manos de un Tribunal de Arbitramento.

De igual forma, ordena el embargo de las cuentas del exviceministro de transporte, Gabriel Ignacio García Morales, y de los extranjeros Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha.
Los embargos se realizarán hasta por un monto de 191 mil millones de pesos.

La medida del alto tribunal también exhorta al presidente Juan Manuel Santos para que en su «condición de suprema autoridad administrativa y representante legal de la Nación» designe a una «autoridad» para que administre el proyecto Ruta de Sol sector II.

«La autoridad que señale el señor Presidente tendrá la obligación de tomar posesión inmediata de las obras de la concesión Ruta del Sol Sector II», agrega el documento.

Para el alto tribunal, es necesaria la intervención del Presidente para evitar la paralización de las obras que se están ejecutando mientras dure la suspensión provisional del contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones (hoy Agencia Nacional de Infraestructura) y la concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

«Velar por la correcta y eficiente ejecución de los trabajos de obra, así como la de ejercer una constante vigilancia sobre los recursos económicos que provengan o sean fruto de la concesión, asegura la estabilidad de los contratos laborales y subcontratos de obra, de suministro, de prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza que en la actualidad estén vigentes», indicó el Tribunal.

Cabe mencionar que el Consorcio de la Ruta del Sol lo conforman la Constructora Norberto Odebrecht de Brasil, Episol de Corficolombiana y CSS Constructores.Episol tiene el 33 por ciento de la sociedad, Odebrecht el 62 por ciento y CSS el cinco por ciento.