Congreso aprobó Justicia Especial para la Paz; garantiza desmovilización, desarme y desaparición de las Farc
–Finalmente, luego de insistentes llamados del presidente Juan Manuel Santos, el Senado de la República aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz, que, según el gobierno, garantiza la desmovilización, desarme y desaparición de las Farc como grupo guerrillero y su conversión en partido político.
El acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz fue aprobado por 61 votos a favor y 2 en contra en la plenaria del Senado de la República, en su último debate, tras una intensa discusión, en desarrollo del cual se presentaron 83 proposiciones, todas las cuales fueron avaladas por el Gobierno.

«El Congreso dio una demostración al país de un debate serio y responsable. Este es el último debate, se hicieron 83 modificaciones al proyecto de acto legislativo original del Gobierno, que han enriquecido y mejorado el texto», destacó Cristo.
La reforma aprobada contempla la creación de un Sistema integral que estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.
El Ministro consideró muy importante para la Paz en Colombia, la aprobación de la Justicia Especial para la Paz, pues advirtió, garantiza la desmovilización y el desarme de las Farc el primero de junio de este año.
«Garantiza su desaparición como movimiento armado en Colombia, su transformación en partido político y le garantiza a las víctimas del conflicto en Colombia un Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición», puntualizó.
La JEP permitirá que excombatientes de las Farc cuenten con la seguridad jurídica para avanzar en el proceso de reincorporación a la sociedad civil, uno de lo grandes objetivos de los Acuerdos de Paz firmados en el Teatro Colón. Así mismo, por primera vez, los miembros de la Fuerza Pública, que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado, se someterán a una justicia diferenciada.
«Este proyecto, sin lugar a dudas, es el más importante, más difícil de votar y de más debate dentro del procedimiento legislativo especial», concluyó el ministro del Interior.
A su turno, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, agradeció a los congresistas el respaldo a esta iniciativa, y aseguró que todos los delitos relacionados con el conflicto, harán parte de este mecanismo de Justicia Transicional.
“Estoy realmente satisfecho por el trabajo que durante dos años hemos hecho junto las Fuerzas Armadas, asesores jurídicos nacionales y extranjeros, para diseñar el mejor modelo de justicia posible (…) que permitirá tanta justicia cuanta seguridad jurídica se pueda, tal y como prometió el presidente Juan Manuel Santos. Es satisfactorio que la JEP haya visto la luz en el cuarto debate en el Congreso de Colombia”, indicó.
Villegas aseguró que este modelo de justicia que no es para la impunidad, porque es modelo nuevo, distinto, más rápido, y que exige compromisos con la verdad, con las víctimas y con la no repetición de lo que se vivió en Colombia durante tantos años.
“Esta es una fecha histórica. Creo que la votación de este martes en el Senado, realmente es la que pone fin al conflicto armado en Colombia entre el Estado y las Farc”, afirmó.
Sobre las ejecuciones extra judiciales, o mal llamados «falsos positivos», el Ministro de Defensa fue enfático en asegurar que
“todos los delitos que tengan que ver con el conflicto entran, y los homicidios agravados o en persona protegida, son muy difíciles de desvincular con el conflicto, están relacionados con el conflicto, por lo tanto hacen parte de la Justicia Transicional”.
El texto del acto legislativo acogido por el Senado deberá ahora ser sometido a conciliación con el aprobado por la Cámara de Representantes y luego pasará a revisión de la Corte Constitucional para finalmente ser sancionado por el presidente de la República.
