En la actualidad los congresistas y demás funcionarios aforados son juzgados por la Corte Suprema de Justicia sin que medie una doble instancia frente al fallo emitido por esta corporación judicial.

Hoy se presentó un proyecto de ley que busca entregar la garantía de segunda instancia y a su vez facilitar la impugnación de estos fallos cuando resulte injusto para la persona juzgada.

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández, aclaró que este proyecto de doble instancia para los aforados que se presenta hoy en la Comisión Primera “es un acto de justicia y no de prebenda para los altos funcionarios”.

El magistrado Fernández explicó que con este nuevo proyecto, “el juzgamiento que se le realice a un gobernador, embajador o congresista, el primer fallo lo dará el Tribunal Superior de Bogotá, fallo que puede ser apelado y decidido por la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia”.

“Me complace que el congreso le entregue esta herramienta a la justicia Colombiana para ponernos a tono a nivel internacional”, puntualizó el magistrado.

Por su parte, el presidente del Congreso, Oscar Mauricio Lizcano, destacó que esta iniciativa es un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificado por la Corte Constitucional.

A su vez aclaró que el proyecto cobija a generales de la República, ministros del despacho, gobernadores, alcaldes, Defensor del Pueblo y vicepresidente de la República y es coadyuvado por el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y el poder legislativo “lo que demuestra que cuando los poderes públicos trabajan unidos se pueden alcanzar grandes cosas”.

En el mismo sentido, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, anunció su acompañamiento a este proyecto de doble instancia en el trámite que se surtirá en el Congreso de la República.

Martínez Neira señaló que la ausencia de la doble instancia toca el sentir de muchos académicos y juristas ya que, según ellos, se afectaría la integridad de las investigaciones que se llevan con relación a los congresistas.

El gobierno, en cabeza del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, expresó que el Estado estaba en déficit de la doble instancia para los funcionarios aforados constitucionales.

El titular de la cartera de Justicia afirmó que “este es un momento histórico en el cumplimiento de una observancia de los derechos fundamentales, que antes estaba puesto en un sentido de depreciación a estos ciudadanos que venían quedando por fuera del establecimiento jurídico”.

El presidente de la Comisión Primera, Carlos Fernando Motoa, destacó la buena disposición de los tres poderes públicos del Estado en esta iniciativa y afirmó que la justicia será la más favorecida.

Motoa indicó que existe una buena disposición del Congreso y solo espera que se cumpla los tiempos para que esta iniciativa sea puesta a disposición de los estrados judiciales.