–Aunque la condena de 51 años y 8 meses de cárcel está entre las más alta impuestas en el país por feminicidio y en la práctica podría constituir una cadena perpetua para Rafael Uribe Noguera, pues con 38 años de edad que tiene saldría a los 90 años, la sentencia por la violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní reactivo el debate sobre la imposición de una condena de por vida para los autores de este tipo de crímenes atroces.

De hecho, la Fiscalía General de la Nación decidió apelar el fallo de la juez 35 por considerar que Uribe Noguera debe ser condenado a a pena máxima de 60 años. La familia de la niña, así como organizaciones civicas y de derechos humanos, también se declararon inconformes con el fallo y secundaron la exigencia de la Fiscalía.

Yohana, hija de la senadora Gilma Jiménez, que lidera una campaña que busca implantar en Colombia la cadena perpetua contra abusadores y asesinos de niños, encabezó la protesta ciudadana contra la sentencia. Consideró el fallo como una afrenta contra las miles de inocentes víctimas registradas en el país.

Aunque De acuerdo con juristas consultados por los medios de información, al final Uribe Noguera podría reducir su pena por lo menos en 15 años, teniendo en cuenta que por cada 3 días de trabajo o de estudio recibiría el beneficio de redención de un día de la condena, tal como lo prevé la ley dentro del proceso de resocialización.

La Ley 1098 del 2006 excluye el otorgamiento de rebaja de penas para los autores de delitos contra los menores de edad, pero la norma no aplica para las redenciones de penas que no se consideran beneficios penales.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Florez, sin señalar si fue o no suficiente, consideró que la condena constituye de 51 años y 8 meses impuesta es «una buena noticia para el país» y » para la recuperación de la confianza en los escenarios de la justicia”.

Carrillo Florez dijo que se trata de “una condena que demuestra que cuando el sistema judicial se empeña en sacar adelante un resultado y poner una sanción ejemplar frente a un delito de esta naturaleza, las cosas pueden funcionar”.

“Es una buena noticia para el país, es buena noticia para la recuperación de la confianza en los escenarios de la justicia”, puntualizó el procurador.

“Yo creo que en este momento más que nunca hay que recuperar la confianza en las instituciones, en el Estado y en la justicia”, indicó Carrillo Flores en una intervención en el evento Alianza 20/20 en la Universidad San Buenaventura en la ciudad de Calí.

El jefe del organismo de control afirmó que la apuesta del país debe ser el fortalecimiento de las instituciones y agregó que la confianza va a lograr depurar la política por la vía de la probidad, consolidar la paz más allá de los acuerdos por la vía de la reconciliación y ganar la batalla a la corrupción, por la vía de la ciudadanía.

“La ventaja de la constitución de 1991 es que convirtió en veedores ciudadanos a todos los colombianos. Estamos tratando de hacer una Procuraduría Ciudadana para abrir las puertas de la institución a la gente”.

Resaltó que la batalla contra la corrupción se gana “sumando esfuerzos” y que no se necesitan más diagnósticos y afirmaciones conceptuales de la realidad que vive Colombia, sino acción en términos de ganar legitimidad política, moral, ética y territorial.

Carrillo Flórez hizo un llamado ponerle fin a la cultura de la impunidad porque “lamentablemente no hay condena social sobre la cultura del dinero fácil”.

Carrillo Flórez destacó que “las grandes transformaciones de este país nacen con la fuerza de las ideas de los jóvenes”, e invitó a los asistentes al evento a aportar en la interpretación de las realidades y plantear soluciones”.

Por su parte, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Patricia Téllez Beltrán, quien acompañó a la familia Samboní en la audiencia de lectura de la sentencia, aseguró que “es un llamado al Estado y a la sociedad, pero principalmente a la administración de justicia para que los miles de casos de violencia basadas en el género no sigan en la impunidad y tengan una respuesta tan oportuna y efectiva como en este caso”.

Tal como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, la Fiscalía General de la Nación anunció en la audiencia de lectura de fallo contra Rafael Noguera que apelará la pena de cincuenta y un años y diez meses de prisión impuesta por la juez de conocimiento.

La decisión de la Fiscalía tiene fundamento en que no se encuentra conforme con el ejercicio de dosificación punitiva realizado. De acuerdo con las cuentas del ente investigador, la pena debería corresponder al máximo legal, esto es, sesenta años.

La Fiscalía solicitó condena por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y feminicidio agravado. La juez de conocimiento el día de hoy condenó por esos delitos e impuso una pena de cincuenta y un años y diez meses de prisión.

El condenado Rafael Uribe Noguera no se presentó a la diligencia ni tampoco lo hizo su abogado defensor, por lo que será comunicado de la decisión en las próximas horas.

Por su parte, la Fiscalía y la representación de víctimas presentaron recurso de apelación, que será sustentado dentro de los cinco días siguientes ante el Tribunal Superior de Bogotá. El Ministerio Público no apeló la decisión.

De acuerdo con el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, no proceden rebajas ni beneficios punitivos cuando se trate de delitos cometidos sobre menores de edad.

Para la actual Fiscalía General de la Nación el presente caso constituye una alerta y un reto para poner en marcha un modelo de justicia rápida y respetuosa con las víctimas en todos los hechos delictivos contra menores y mujeres.