En la audiencia pública en la Corte Constitucional, para escuchar las distintas voces a favor y en contra del mecanismo de Fast Track, el senador del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, expuso las preocupaciones que le llevaron a interponer una demanda ante el alto tribunal contra el Acto Legislativo que le dio vida, para así dar aprobación a las reformas que permitan poner en ejecución los Acuerdos de Paz con las Farc.
“El Acto Legislativo para la Paz sustituye la Constitución, amenaza gravemente el equilibrio de poderes, doblega el principio del control constitucional y va en contra del principio de rigidez”, explicó Duque. Para el parlamentario el Acto Legislativo rompe los principios esenciales de la Constitución, al establecer que los debates al interior del legislativo, que tienen que ver con la implementación de los Acuerdos de Paz, se deben reducir a la mitad de los tiempos.
De acuerdo con el senador del Centro Democrático, lo que tenemos hoy tiene esa pretensión de crear un nuevo orden constitucional en el país, pues a su juicio es necesario que, todo crimen de lesa humanidad merece una pena, «puede haber una reducción de la pena carcelaria, pero no la evasión de la pena carcelaria, porque es un mecanismo de reparación a las víctimas. Se ha creado una justicia especial por fuera de ese paraguas que se conoce como la Rama judicial, esa justicia especial ha limitado la acción de tutela, y la única por encima de esta», dijo.
Según Duque, las FARC fueron elevadas a la condición de Constituyentes, lo cual no es aceptable. “No podemos permitir que las Farc escriban el tomo dos de la Constitución” y señaló además que el trámite del acuerdo permitió que el narcotráfico pueda ser un delito amnistiable. Otra preocupación del parlamentario del Centro Democrático es que la implementación de la paz a través del mecanismo del Fast Track, lleva al Congreso a aprobar un presupuesto enorme que llevaría al país una “incertidumbre fiscal”.
En la discusión se hicieron presentes además de los magistrados de la Corte Constitucional, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el procurador, Fernando Carrillo y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. El Alto Comisionado destacó la necesidad de dar seguridad jurídica a los acuerdos de paz, y para esto el Congreso tramitó una norma transitoria que obliga a que los próximos tres gobiernos (12 años) aplique el acuerdo de paz con las FARC.
“Esta es la mayor garantía que nos permitirá cumplir con lo que dicen los acuerdos y reversar esa tendencia histórica”. Dijo además que la implementación del Acuerdo de Paz en el legislativo por la vía rápida es necesaria, porque de no ser así, el proceso podría romperse por la demora en el trámite de los proyectos.
El Procurador Fernando Carrillo aseguró que en ningún momento se ha permitido que se vulnere la facultad que tiene el Congreso de la República, para modificar y discutir iniciativas o proyectos de Ley originados en el Ejecutivo, ni existe un sometimiento del legislativo al Presidente.
Se espera que el magistrado Antonio José Lizarazo presente una ponencia a sus compañeros de la Corte para debatir en la Sala Plena el futuro del fast track y de las facultades extraordinarias que se le otorgaron al presidente, mientras dure la implementación de los Acuerdos de Paz.
