La violencia, el conflicto armado, la ausencia del Estado y un sinnúmero de actuaciones de parte y parte que han puesto a la sociedad civil ha en medio del fuego cruzado, han obligado al Estado a volver la mirada a las víctimas, a esos colombianos que de manera directa e indirecta han padecido los efectos de un proceso de violencia escalonada que por más de 50 años los doblegó y que hasta ahora empieza a desacelerarse.

Los efectos de las diferentes formas de violencia que se han experimentado en el país no han tenido distinción de raza, estrato social, género, edad u origen, según el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alán Jara, víctima de las Farc, uno de cada seis colombianos es víctima del conflicto armado, es decir que de los 48 millones de habitantes, el 16,6% de la población ha sufrido, de alguna manera, los efectos de la violencia en Colombia.

Alberto Vidal es un joven de Caloto, Cauca, miembro de la Mesa de Participación de Jóvenes. Su región ha sido epicentro del conflicto armado, masacres, desplazamientos y estigmatización de su población, ha sido la realidad que les ha tocado sortear. Con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas (1448 de 2011) fueron muchos los espacios que se empezaron a abrir para el reconocimiento de las víctimas, y los jóvenes representaban la prolongación de la guerra para los grupos armados, a través del reclutamiento forzado.

“El reclutamiento forzado del que fueron víctimas los jóvenes, los niños y las niñas, nos han convertido en protagonistas del conflicto, al utilizarnos para dar continuidad a la guerra. Pero a partir del dos de octubre, fecha del plebiscito por la paz, la juventud colombiana se levantó para decirle al país que ya no queremos ser carne de cañón para la guerra”, señaló el joven.

Añadió que con esta oportunidad que se le está dando a la paz, como jóvenes, tienen la oportunidad de reconstruir el país con bases sólidas definidas a partir de la paz, al no aportar más a la delincuencia y a la guerra, pero asegura que eso debe ir acompañado de unas políticas públicas efectivas dispuestas al servicio de la juventud. “En sitios apartados del país no hay acceso a la educación, al trabajo y por eso los jóvenes se apartan del camino de la legalidad”, aseguró Alberto.

Otro de los efectos atroces de la guerra ha sido la utilización de la mujer como botín de guerra, Yolanda Perea Mosquera es víctima de violencia sexual, esta afro descendiente a los 11 años fue abusada por miembros de las Farc destrozándole su dignidad como mujer, a pesar de lo difícil que fue recuperar la confianza en la sociedad, en recuperar sus fuerzas para salir de las sombras, tiene fe en la transformación que se está viviendo en el país.

“Como mujeres hemos sido víctimas de la violencia en una de las formas más denigrantes pero nos hemos recuperado, nos hemos empoderado y hemos replanteado nuestro rol en la sociedad, nos hemos levantado y no nos hemos quedado solo en las quejas, hacemos propuestas que conlleven a una política pública de atención a víctimas en el marco del conflicto armado”, dijo Yolanda Perea.

Pero afirma que todo no está superado, que la página no se ha pasado en su totalidad, aún persisten los ataques contra ellas, cada lideresa que se levanta y denuncia es amenazada por los actores del conflicto y lo que quieren, según ella, es que no las vean como una amenaza, “no somos enemigos, somos víctimas y nuestra voz y nuestra palabra deben ser respetadas”.

Hace 13 años la familia de Rosario Pinto, líder indígena de Bahía Portete en Uribia, La Guajira, fue víctima de la masacre perpetrada en esa zona por paramilitares al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, días después de instalada la mesa de negociación entre el Gobierno y los Paramilitares en Santa Fe de Ralito.

Según Rosario el único superviviente de su familia fue su tío Juan Epinayú, quien hoy con 94 años viajó durante 24 dese Bahía Portete hasta Bogotá para reclamar, en su lengua wayuunaiki, la atención del Estado como víctimas que son de la violencia en Colombia y pedirle que actúen para que quienes tuvieron que huir como desplazados a Venezuela y hacia otras regiones del país, retornen a su territorio.

Rosario Pinto, a nombre de su pueblo, pide que este no sea más una comunidad invisible, y que para ellos la palabrea es sagrada y debe cumplirse, haciendo referencia a Ley de Víctimas y su componente de restitución de tierras e inversión social.