La Congresista del Partido Liberal señaló que este mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución Nacional debe ser defendido pero “se debe acudir a él con extrema responsabilidad buscando efectivamente el bien común y no intereses mezquinos, como al parecer, buscan los promotores de esta revocatoria”.
“Me embarga un inmenso dolor de ciudad. Yo no voté por Peñalosa, no participé en su campaña pero una vez conocidos los resultados respetamos la voluntad popular y abogamos porque pueda sacar adelante los proyectos de gran envergadura que se requieren, empezando con el tan anhelad: el Metro. Lo que logre hacer, beneficiará a todos los ciudadanos”, señaló.
Rojas González agregó que “en dónde quedaría entonces la ciudad y todos los que habitamos en ella, si constantemente estamos ante el vaivén de la inseguridad y la incertidumbre jurídica, en el desarrollo de las políticas en una ciudad del tamaño de Bogotá y con el nivel de complejidad que tiene”.
“Creemos que, en muchos casos, la revocatoria no está siendo bien utilizada porque lo que busca esta figura es que el ciudadano castigue a los alcaldes y gobernadores que no han cumplido con su programa de gobierno. Este mecanismo no puede ser utilizado como un arma de retaliación política”, indicó la Representante a la Cámara.
La Congresista se preguntó “¿Era esto lo que se pretendía al consagrar en la Constitución estos mecanismos de participación ciudadana? Parece difícil, si quiera pensarlo, que los que perdieron, solo con el 30% de votación puedan llegar a sacar al victorioso, que fue elegido democráticamente”.
“En dónde quedaría entonces la ciudad y todos los que habitamos en ella, si constantemente estamos ante el vaivén de la inseguridad y la incertidumbre jurídica, en el desarrollo de las políticas en una ciudad del tamaño de Bogotá y con el nivel de complejidad que tiene”, señaló.
Agregó que “en el país se adelantan 101 procesos de revocatoria pero hay que tener en cuenta que varios de los alcaldes y gobernadores que pretender ser revocados apenas llevan 15 meses de gobierno y, en algunos casos, según el argumento de la defensa de algunos mandatarios, estos procesos son promovidos por los políticos que perdieron en las elecciones”.
“En Bogotá la Registraduría estima que podría costar entre 45.000 a 90.000 millones de pesos que podrían ser utilizados en la atención de otras necesidades que tienen los habitantes de nuestra ciudad. ¿Se justifica la revocatoria?, claro que no”, puntualizó la Congresista Clara Rojas González.
