–La industria petrolera alertó al país sobre el peligro de que Colombia pierda la autosuficiencia en materia de hidrocarburos como consecuencia del auge de las consultas populares para impedir las exploraciones y explotaciones para sostener y ampliar las reservas.

El hecho es que según la Asociación Colombiana del Petroleo, ACP, «las consultas populares», como la realizada el pasado domingo en el municipio de Cumarál, Meta, «tienen amenazada seriamente a la industria petrolera».

En efecto, los habitantes de Cumarál a través del voto popular determinaron prohibir las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la localidad.

El presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera advirtió que hay programadas Consultas Populares en 22 municipios del territorio colombiano, en donde está en juego la producción de alrededor de 84.000 barriles por día, lo que equivaldría a 10% de la producción nacional actual.

«Y todos los días aparecen nuevas consultas popular y así va a ser muy difícil adelantar la actividad exploratoria que el país necesita con urgencia», advirtió Lloreda Mera.

Añadió que de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2016, las reservas probadas de crudo fueron de 1.665 millones de barriles, lo que quiere decir que habría petróleo para cinco años y gas para dos años.

“Con reservas que solo alcanzan para cinco años y un régimen fiscal no competitivo, la incertidumbre causada por las consultas populares pone en riesgo las campañas exploratorias que necesita el país, comprometiendo la autosuficiencia energética”.

No descartó que si continúa esta tendencia, hacia el 2022 el país tendría que importar petróleo.

LLoreda Mera advirtió que «las consultas populares contra la exploración petrolera responde al a la desinformación e intereses políticos».

Agregó que la industria petrolera es percibida por muchos como enemiga del ambiente. No solo por las emisiones de carbono resultantes del uso de combustibles –un derivado del petróleo- sino, porque ha proliferado la idea, en especial en nuestro país, de que la exploración y producción de hidrocarburos acaba con el recurso hídrico. A eso se suma la imagen recurrente de miles de barriles derramados».

¿Cuál es la realidad?

El dirigente gremial del sector petrolero hizo las siguientes explicaciones:

El uso de combustibles fósiles produce C02 y ha contribuido al cambio climático. No es claro, sin embargo, en qué proporción. Mientras unos lo señalan de ser el principal responsable, en especial por la generación de energía a partir de fuentes fósiles, otros argumentan lo contrario y sustentan que países como Estados Unidos han reducido en 10% las emisiones de C02 en la última década gracias al uso del gas, un hidrocarburo.

En el caso de Colombia más del 70% de la energía es producida por hidroeléctricas -un privilegio- y el grueso del 30% restante, con gas natural. Es así que Colombia es responsable sólo del 0.04% de las emisiones de C02 del planeta y de ese porcentaje, por ejemplo, el sector agropecuario -fundamental para nuestro país- lo es del 26%; la totalidad de la actividad petrolera aporta el 5,3 %; es decir, un 0.0024% del total.

Respecto del uso del recurso hídrico sucede algo similar. De acuerdo con el Ideam, el mayor usuario del recurso, como es de esperar, es la agricultura y la ganadería (57%), seguida por las hidroeléctricas (15%), y por el consumo humano (2%). La industria petrolera en Colombia utiliza el 0.02% de ese recurso. Y como es apenas lógico, en el orden de prelación de su uso, es la última; prevalece el consumo humano y agrícola.

No pocas veces se indica sin embargo que la sísmica (una “ecografía” de la formación geológica) acaba con el agua o que por culpa de la industria mueren cada año miles de Chigüiros. Falso. La sísmica no utiliza agua y la muerte de los animales no es culpa de la industria; mueren por un fenómeno de sequía natural que ocurre cada año y porque en algunas zonas construyen los bebederos altos para que sólo el ganado los alcance.

La industria petrolera, en general, es rigurosa en materia ambiental. Está regulada y se rige por altos estándares internacionales; las licencias se sustentan en estudios de impacto y manejo ambiental que incluyen, por ejemplo, medidas de contingencia para derrames propios, de eventos naturales, y de terceros. Y destina el 1% del valor de sus proyectos a programas ambientales, lo que no ocurre con ninguna otra industria.

En el caso de los derrames de petróleo, por ejemplo, el 92% se debe a acciones de terceros (entiéndase voladuras de oleoductos, derrames de carro-tanques y hurto de crudo, por parte de la guerrilla). No en vano la guerrilla es responsable de derramar 4 millones de barriles en treinta años; cuatro veces el incidente del Golfo de México y 1,000 veces el último derrame que llegó a la bahía de Tumaco. Una tragedia ambiental.

El uso sostenible y eficiente de las energías de origen fósil es un desafío en el que está empeñada la industria sin perjuicio del auge responsable de las energías renovables. Pero el debate de su impacto ambiental debe darse con cifras, no con retórica. Más en momentos de la implementación y negociación de acuerdos de paz. La industria petrolera no es infalible. Pero no es la causante de la degradación ambiental en el país», concluyó Francisco José Lloreda Mera.

POSICION DEL GOBIERNO

Tras la consulta popular realizada en Cumarál, Metal, el Ministerio de Minas y Energía al efecto emitió el siguiente comunicado:

Los recursos minero energéticos son de todos los colombianos y, por ende los aportes económicos del sector son para beneficio de todos los ciudadanos.

En los últimos 5 años, el sector minero energético aportó en promedio 39,3% de los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación. Con las regalías, impuestos e incentivos de la industria minero energética se financian los proyectos y programas de carácter social, educativo, cultural, económico o ambiental del país como Familias en Acción, Viviendas de interés Social, Programas del Sisbén y la construcción de vías 4G que no solo benefician las regiones donde se desarrolla la actividad de explotación de minerales e hidrocarburos, sino a todos los colombianos.

El Ministerio de Minas y Energía, como lo afirma la Corte Constitucional, reconoce que «(…) en el marco de la consulta popular, el alcalde (…) debe cumplir con el requisito de concertación con la Nación para definir asuntos que si bien hacen parte del ordenamiento territorial, también inciden en cuestiones importantes para el nivel nacional.»

Así mismo, el Consejo de Estado señala que la decisión del pueblo obliga al alcalde a incorporar la decisión en el ordenamiento jurídico mediante acto administrativo que, «rige hacia el futuro y, por lo tanto, deben respetarse las situaciones jurídicas particulares consolidadas de los sujetos que, en virtud de la normativa anterior, obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar actividades económicas de la industria de hidrocarburos en el municipio de Cumaral».1

Finalmente, el Ministerio es respetuoso de la Ley, los fallos de las Cortes y los mecanismos de participación ciudadana.