–Como «ofensiva» califican las Farc la actitud del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, por exigirles la entrega de lo billonarios recursos amasados durante más de 50 años de guerra contra los colombianos.

En un escrito publicado en su página en Internet, bajo el título «Guerrilleros y Fiscal, el gran contraste», dicen que Martínez Neira «despotrica porque los bienes de las Farc van a ser destinados para la reparación de las víctimas» y «asegura, sin probarlo, que se trata de billones».

«En su parecer–agregan–, la apoteósica fortuna de las Farc debe entrar a las arcas del Estado para que éste libremente disponga de ella. Se rasga las vestiduras por la fiducia contemplada para su manejo y su destinación final a las víctimas. No oculta cuánto le gustaría que los imaginarios caudales pasaran al manejo de la banca privada y los empresarios que ha defendido siempre».

Aunque no señalan cifras para refutar al fiscal, dicen que «si el precio de un fusil se tasara en veinte millones de pesos, siete mil de ellos sumarían ciento cuarenta mil millones. Las armas en caleta, los talleres, el material explosivo, los morteros, ametralladoras y demás de hecho sumarán cifras sorprendentes. Los bienes muebles e inmuebles inventariados y entregados seguramente acrecentarán el caudal final. Sin exageraciones».

Luego hablan de lo que a los guerrilleros les «costó edificar a las Farc a pulso, sin otra ayuda que la de su propio esfuerzo», viviendo «en la clandestinidad durante más de medio siglo, con recursos cuya consecución costó la vida, la libertad o la sangre de muchos de ellos».

Aseguran que «todo cuanto hicieron se encaminó a la construcción de una sociedad nueva» y que en todo caso «cualquier recurso resultó siempre insuficiente», por lo que, dicen, «se hizo necesaria la construcción de una economía de guerra. Adquirir cabezas de ganado para alimentar miles de combatientes, bestias para mover la logística, tierras y pasto para sostenerlas, vehículos para moverse».

A renglón seguido acusan al «enemigo» de nunca haber cesado «su persecución sanguinaria», que «encarceló, asesinó, desplazó, despojó y se apropió de los bienes de la población campesina de quien sospechó mínimamente pudiera brindar ayuda a la insurgencia».

Luego precisan que «tras medio siglo de plomo y décadas enteras de diálogos frustrados, fueron pactadas unas fórmulas que posibilitan un futuro distinto para esta patria herida» y complementa:

«Dentro de ellas se contemplan varias que ofenden en lo más íntimo al Fiscal Martínez Neira. Una es la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, otra la creación de una unidad investigadora especial para el combate y la persecución del paramilitarismo, y otra el inventario y la entrega de todos los bienes que constituyeron la economía de guerra de las FARC.

Y explican:

La primera no le gusta porque con ella la Fiscalía agotará su capacidad de perseguir judicialmente a las Farc por los hechos cometidos en desarrollo del conflicto. La segunda porque la unidad especial obrará de manera autónoma en las investigaciones sobre la actividad paramilitar en el conflicto y después de él. La tercera porque no comparte el destino de los bienes de las Farc.

Igualmente el escrito hace referencia al anuncio del fiscal de entregar 50.000 investigaciones penales contra las Far, pero, subraya, «quiere seguir ocupándose de otras, en abierta contradicción con la amnistía y el indulto concedidos».

Agrega que «su obsesión contra las Farc contrasta con el bajísimo porcentaje de investigaciones contra agentes estatales y paramilitares, que nada le importan».

Finalmente el escrito resalta que «mientras tanto guerrilleras y guerrilleros conservan la ilusión de construir un patrimonio legal con sus manos desnudas, con su probada capacidad de trabajo. Reclaman con justicia que se les adjudiquen unas tierras para implementar en ellas sus proyectos productivos, que les aporten unos recursos básicos para iniciarlos. Juegan limpio y no reniegan. Aprenda, señor Fiscal, y respete».