La Sección Tercera del Consejo de Estado dictó que la Nación no tiene responsabilidad patrimonial por el carro bomba que explotó en el barrio Veracruz en el centro de la capital de la República el 30 de enero de 1993.

De acuerdo con el alto tribunal, no se presentó ninguna omisión por parte de las autoridades como lo manifestaba la demanda de reparación, sino que todo lo contrario se adelantaron los respectivos operativos para capturar al narcotraficante Pablo Escobar y blindar a la comunidad de sus ataques terroristas.

«El Estado colombiano actuó en cumplimiento de los deberes jurídicos asignados frente a la presión de los narcotraciantes», afirmó uno de los apartes de la decisión.

En el atentado 24 personas murieron, mientras que otras 70 quedaron gravemente heridas. Este acto terrorista fue ordenado por Pablo Escobar y el Cartel de Medellín.

Por último, el Consejo de Estado indicó que la Nación adelantó varias acciones con el fin de evitar que se realizaran estos atentados.

Incluso existen pruebas que varios vehículos cargados con explosivos fueron detectados y desactivados en diferentes regiones del país.