–La Procuraduría General de la Nación estableció que la protección que ordenó una sentencia de la Corte Constitucional al Río Atrato se convertirá en un piloto en la gestión ambiental del país y podrá ser replicada en otras fuentes hídricas.

La Sentencia T-622 de 2016 ‘Río Atrato sujeto de derechos’, fue objeto de análisis en el marco de un conversatorio en el que participaron los magistrados de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos y de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz Monsalve; la abogada del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, Ximena González y el Procurador Regional Chocó, Richard Moreno Monsalvo.

El espacio fue moderado por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que el principal enemigo de las fuentes hídricas como el Río Atrato es la minería ilegal y demandó del Estado acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo y la definición de una política pública en materia económica social y ambiental.

“El nuevo enemigo del país es la minería ilegal y sus armas de destrucción masiva son el mercurio y las dragas”, agregó.

Sobre la sentencia de la Corte Constitucional, el jefe del Ministerio Público aseguró que obliga a imaginar un nuevo modelo de desarrollo, pensando en función de la gente y de las regiones para que la minería no sea la única fuente de desarrollo y riqueza del país.

“En momentos en que el mundo habla de nuevos muros, la Corte los derrumba para dejar pasar un caudal de pensamiento, en defensa de los derechos del río, y, por supuesto, de todo a cuanto él da vida”.

Así mismo, afirmó que la sentencia “es un mandato que debe ser acatado de manera inmediata por todos los actores” y anunció que la Procuraduría se convertirá en guardián del río y coordinador del seguimiento al cumplimiento y ejecución de todas las órdenes de la Corte a corto, mediano y largo plazo.

“Asumimos desde ya nuestro papel de líderes y coordinadores de ese proceso. Vamos a convocar un panel de expertos que asesore el proceso de seguimiento y ejecución de esta sentencia, por supuesto, escuchando a las comunidades en los territorios”.

Carrillo Flórez advirtió que el órgano de control “no cesará en su empeño disciplinador y moralizador”, de las acciones de los corruptos que afectan a uno de los departamentos más ricos en diversidad.

El Procurador General afirmó que el conversatorio se realizó con el objetivo de aprender de quienes hicieron posible la sentencia, de los magistrados y de las comunidades que “alzaron su voz y actuaron en el marco de la institucionalidad para proteger ese tesoro histórico y ambiental, al que el mercurio y las retroexcavadoras están matando impunemente”.

Reiteró que en la agenda del Ministerio Público el medio ambiente es un tema central y señaló que “no podemos darnos el lujo de mirarlo como un asunto menor que solo importa cuando ocurre una tragedia” porque “para esta Procuraduría el tema ambiental es vital, porque sin agua no hay vida”.

El Procurador General anunció una visita la próxima semana a Quibdó para realizar el primer consejo asesor de la sociedad civil en el departamento del Chocó con el objetivo de evaluar las acciones en defensa de los derechos de las comunidades de la región e informó que la Entidad está buscando acercamientos con las universidades del país para iniciar proyectos de cooperación que transformen a las comunidades en sus territorios.

Trabajaremos en los territorios, con los actores locales y los centros académicos, con las nuevas generaciones que se identifican plenamente con este ideal en defensa de los grandes y pequeños ríos que hoy se hallan amenazados, porque hoy es el Atrato pero mañana será el Magdalena o el Amazonas”.

OTROS CONCEPTOS

En su intervención, el Delegado aseguró que uno de los propósitos del Ministerio Público ha sido la protección de los recursos hídricos y se comprometió a ser el guardián no solamente del Río Atrato, sino de todos los afluentes del país.

Ximena González consideró la sentencia como una oportunidad real para el departamento del Chocó, lo que demandará la articulación de acciones entre las comunidades, las instituciones, la academia local y nacional para “la generación de conocimiento y superación de los problemas”.

Llamó a que los derechos bioculturales y el enfoque ecocéntrico no se queden en la parte considerativa de la sentencia y se traduzcan en acciones concretas y dijo que lo que pase con el Atrato y con la implementación de la sentencia “es de importancia nacional”.

A su turno, el magistrado Rojas Ríos afirmó que la Constitución de Colombia tiene transversalmente definido el cuidado al medio ambiente y explicó que esta decisión vincula a diferentes actores nacionales y territoriales con órdenes claras que deben cumplir.

“Es muy grato que en este momento tan recién salida la sentencia ya estemos sentados aquí hablando de qué vamos a hacer con su aplicación”, puntualizó el magistrado para quien la sentencia no es para enmarcar sino para cumplirla.

Por su parte, el magistrado Aroldo Quiroz dijo que esta decisión se puede extender a todas las fuentes hídricas que estén en las mismas condiciones en las que se encuentra el Río Atrato y agregó que “es importante que la Procuraduría cumpla con el mandato que le dejó la sentencia y (…) que pueda acompañar a todas las personas que van a representar al río”.

Richard Moreno, Procurador Regional de Chocó, manifestó que si el Ministerio Público quiere “tener los pies en los territorios” tiene que estar en las comunidades para que las personas sepan que la Procuraduría existe y que su misión es la de proteger los derechos de los pueblos étnicos y de los ciudadanos, en este caso, compartir el contenido de la sentencia y coordinar con sus autoridades cómo se debe implementar.

Agregó que el segundo propósito de la Procuraduría Regional es la coordinación interinstitucional que manda la sentencia. “Pero en esta coordinación tiene que generarse el elemento de confianza porque no la hay entre la sociedad civil y la institucionalidad”.