–Los escándalos de corrupción se destapan a diario a lo largo y ancho del territorio colombiano. Los últimos tienen epicentro en Antioquia, donde fue capturado la víspera el Contralor General del departamento, Sergio Zukluaga Peña, junto con el exgerente del hospital La María, William Marulanda, su hermana Yurani Marulanda, y el exsubgerente de la entidad Diego Ceballos.

El Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, informó que se hicieron imputaciones contra estas personas, porque se realizaron cirugías estéticas en dicho centro asistencial sin pagar el costo de lo servicios de quirófano, anestesiólogos y medicamentos, lo que constituye un daño al patrimonio de esta entidad pública.

El proceso cobija también a la exAuditora General de la República, Laura Marulanda Tobón, contra quien se libró una orden de captura por presuntamente haberse sometido a una cirugía estética también sin cancelar un solo peso, aprovechando que su hermano se desempeñaba como gerente del mismo Hospital La María de la capital de Antioquia.

Este escándalo se destapó en momentos en que un juez cobijaba con medida de aseguramiento en centro carcelario al exsecretario de Seguridad de Medellín y de Mariano Humberto Zea Ospina, exguerrillero y excontratista de la misma entidad oficial de la capital antioqueña, por su presunta vinculación con alias “Pichi”, “Soto” y “Barney”, cabecillas de la estructura criminal de narcos y sicarios, denominada “la Oficina».

La fiscalía les imputó los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia de particular.

Siguiendo en retrospetiva, sin embargo, el caso de corrupción de más impacto en los últimos días, es el del director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivero.

El fiscal General Néstor Humberto Martinez Neira al condenar el hecho dijo que Moreno Rivero fue «infiel» a la confianza que se le había otorgado.

Al caso se agrega la esposa del exdirector anticorrupcción, Carolina Rico Rodríguez, quien además de ser señalada de haber recibido y gastado 10 mil dólares de un soborno, figura con antecedentes por narcortráfico.

Y tambien el socio de Moren Rivero, el abogado penalista Leonardo Luis Pinilla Gómez.

«La extradición se muestra como un instrumento serio y válido de lucha contra la corrupción global», aseguró el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira.

La víspera, unidades de la Sijín capturaron en las oficinas de la Secretaría de Planeación de Bogotá a dos funcionarios acusados de exigir dinero a cambio de emitir conceptos para el uso de suelos. Son ellos, el ingeniero catastral Gregorio Alonso Huertas y el arquitecto Carlos Arturo Paredes, ambos profesionales especializados en grado 24 y 20, respectivamente.

El pasado 30 de junio, en el departamento del Meta fueron capturados 3 magistrados del Tribunal Superior, 6 jueces de garantías y 23 personas más, entre funcionarios del Inpec, abogados, asistentes de juzgados y otros, también por corrupción.

Los implicados, según la fiscalía, habían formado «una empresa criminal» que delinquía desde el año 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca, y que tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.

Los beneficiarios de estas medidas particularmente eran personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes, según lo tiene acreditado la Fiscalía. La audiencia de imputación de cargos está programada para el 10 de julio próximo.

Los magistrados que serán procesados son Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, manifestó que “la corrupción constituye una amenaza institucional intolerable y mucho más cuando se trata de la administración de justicia. Si la sal se corrompe será imposible extirpar este cáncer social”.

De otro lado, dos jueces de Barranquilla, fueron condenados por el Tribunal Superior (por prevaricato) y la Corte Suprema de Justicia (por peculado).

La Juez Tercera Civil Municipal (en el momento de los hechos) Dennys Stella Sariel Mejía, fue condenada a 10 años de prisión, pérdida del empleo o cargo público e interdicción de los derechos y funciones públicas por el mismo lapso, al hallarsele responsable de participar activamente en una millonaria defraudación al Instituto de Seguros Sociales (ISS) en la capital del Atlántico junto con otras personas capturadas en su momento.

A su turno, el Juez 22 Penal del Circuito, Hernando Estrada Peña, fue condenado a 60 meses de prisión por el delito de prevaricato por acción.

Estrada, por medio de acción de tutela, reconoció 24 pensiones de gracia a docentes, a quienes la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) ya liquidada, había negado sus pretensiones desde el año 2006 por no llenar los requisitos de ley.

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación ordenó la destitución de 14 funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional Bogotá, a quienes también inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por 14 años, por su participación en la organización delictiva que lideró Blahca Jazmín Becerra Segura, para defraudar a la DIAN.

El fallo cobija a Fabio Iván Escobar Salazar, Henry Fernando Ávila Nieto, Jenny Patricia Chocontá Fonseca, María Paulina Rubio Quijano, Gustavo Vanegas Téllez, William Ribero Valderrama, Luz Mery Guevara Borbón, Alfredo Farías Sepúlveda, Ruth Virginia Díaz Velasco, Hervin Enrique Martínez Calvera, Plinio Callejas Vallejo, William Gutiérrez Contreras, Jhon Wilson Barrios Torres, y Óscar Javier Ceballos Acosta.

También sancionó a Hervin Enrique Martínez Calvera, a quien impuso una inhabilidad de 16 años.

A estos funcionarios se les investigó por la creación de empresas ficticias, la simulación de exportaciones y transacciones comerciales para devoluciones de saldos a favor de empresas del sector chatarrero que solicitaban cambios de dirección en el RUT registrando datos inexistentes.

La Procuraduría General de la Nación en fallo de primera instancia sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años a los concejales de Villavicencio, Carlos Carreño Pedraza, Fabián Alberto Bobadilla Piedrahita y Daruin Castellanos Romero, en su calidad de directivos de esa corporación, por violar el principio constitucional de moralidad y de transparencia durante la contratación del operador del proceso de selección del contralor municipal.

Los políticos afectaron el deber de selección objetiva al “participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la ley”.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el senador Mauricio Lizcano Arango por presuntas irregularidades en la adquisición del predio Guamerú, ubicado en Quinchía, Risaralda, que además es objeto de reclamo a través de procesos de restitución.

Así mismo, se indaga su presunta intervención en la realización de trámites de licencias para la construcción de una estación de gasolina en ese terreno.

La Procuraduría General de la Nación vinculó a la exministra de Educación, Gina María Parody D´echeona, al proceso disciplinario contra la también exministra Cecilia Álvarez-Correa Glen, dentro del caso Odebrecht.

El Ministerio Público investiga si la entonces ministra de Educación al suscribir el Conpes 3817 de 2014, que permitió hacer adiciones al contrato inicial de la Ruta del Sol sector 2, se encontraba en un conflicto de intereses o estaba impedida para actuar, teniendo en cuenta que la aprobación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social podría beneficiar a su familia, que hacía parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.

Y esto lo reporta este jueves el Ministrio de Defensa Nacional:

OTROS CASOS PENALES

A propósito de casos de corrupción, en el marco de la celebración de los 25 años la estrategia Bolsillos de Cristal, la Fiscalía General de la Nación presentó los resultados de los procesos adelantados en 12 Seccionales en los últimos días.

Antioquia:

En Marinilla (Antioquia), entre los años 2014 y 2015 servidores públicos enajenaron 11 bienes inmuebles del municipio con destino a parientes y amigos del alcalde de la época, exalcalde y secretaria jurídica de la época.

El desfalco sobrepasa los cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000)

Se capturó y se dictó medida de aseguramiento contra la asesora jurídica para el momento de los hechos, un empleado de instrumentos públicos y el contratista municipal quien actualmente es el personero municipal de San Francisco. Se ejecutaron capturas por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Por los mismos hechos el exalcalde de Marinilla de 2015 está en este momento en audiencias de imputación y solicitud de medida.

Santander:

En San Vicente de Chucurí (Santander) investigan posibles irregularidades en el contrato que pretendía la construcción de obras de alcantarillado y drenaje de dicho municipio por cuantía de $532’227.207. Fueron capturados la exsecretaria de Planeación municipal y el supervisor del contrato. A los dos les dictaron medida de aseguramiento.
Investigación contra la Mesa directiva del Concejo Municipal de San Gil por irregularidades en la elección del Personero Municipal periodo 2016-2019. Se emitieron órdenes de captura para el Presidente, y Primer y Segundo Vicepresidente. Uno de los tres fue capturado.

Amazonas:

Plan de Alimentación Escolar (PAE)

Hechos: El hallazgo de la Contraloría General de la República permitió a la Fiscalía iniciar la investigación por las irregularidades detectadas en la prestación del servicio PAE en los colegios de Leticia y otros corregimientos, especialmente en Tarapacá (Amazonas).

El convenio de aportes No. 035 de 2013, celebrado entre la Gobernación de Amazonas y la Asociación Zonal del Consejo de Autoridades Indígenas de Tradición Autóctona (Azcaita), por un monto superior a los doscientos cincuenta millones de pesos ($250’000.000).

Este convenio tenía por el objeto aunar esfuerzos y aportar recursos físicos, técnicos y financieros para la ejecución y operación idónea del Programa de Alimentación Escolar (PAE), consistente en brindar un complemento alimenticio durante la jornada escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana en Amazonas. Sin embargo, se evidenció un presunto detrimento patrimonial de noventa y nueve millones quinientos setenta y dos mil noventa y tres pesos ($99.572.093).

La Fiscalía solicitó entonces las capturas de Nilson Alviar Peña, representante legal de Azcaita; Bethertan Roseney Ahue Almeida, representante legal de Azcaita (e), y Pedro Pablo Rojas Baus, supervisor del convenio, no obstante la Sijín logró materializar las de los dos últimos.

Contra Aliviar Peña existe la orden vigente, que es la segunda en su contra. Además pesa sobre él una Circular Roja de Interpol.

La representante legal y el supervisor del convenio fueron capturados y se les dicto medida de aseguramiento. Se les imputó los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Arauca

Construcción de la vía doble calzada

Hechos: La construcción de esta obra ha despertado malestar en la comunidad Araucana, por el alto costo, pues no obstante conocerse como “la doble calzada”, se trata de la construcción de solo una calzada de doble vía (pues la otra calzada ya se encontraba construida) y su valor se considera exagerado, dado que su extensión es de 1.5 km. aproximadamente.

Se argumenta que es la doble calzada más costosa del país.

En desarrollo de la investigación se logró acreditar un detrimento patrimonial en la suma de tres mil ciento noventa y tres millones ochocientos sesenta y siete mil ciento sesenta y siete pesos con noventa y nueve centavos ($3.193’867.167,99)

Se radico escrito de imputación contra el Secretario de Infraestructura Departamental y a los contratistas.

Se pretende imputar por parte de la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca, al señor Andrés Gilberto Pérez Parra, representante legal de la firma constructora y al señor Edwin Alejandro Sarmiento Gutiérrez, secretario de Infraestructura Física Departamental de Arauca, el delito de peculado por apropiación.

Guainía:

Se investigan posibles irregularidades en la celebración de un contrato de diciembre de 2015, para la compra de transporte urbano escolar por valor de mil setecientos millones de pesos ($1.700’000.000) donde se desembolsó como anticipo el 100% del valor del contrato en apenas diez días de celebración del mismo, sin que se hubiesen recibido los vehículos. Se constató que se entregó un póliza de garantía falsa y que hay un sobrecosto aproximado de $500’000.000. Adicionalmente se han presentado dificultades para la recepción de los vehículos.

Se realizará la imputación a la Secretaria de la Educación de ese entonces, al Asesor Jurídico de la época, a la Pagadora y al Contratista.

Vichada:

Se investigan las irregularidades en la contratación de un puente en madera por parte del Alcalde de Santa Rosalía Vichada, Por estos hechos fueron imputados el alcalde de la época, hoy secretario de gobierno de la Gobernación de Vichada y el Secretario de Planeación hoy diputado de la Asamblea de Vichada

Atlántico:

Bajo la coordinación de la Fiscalia 62 Seccional de la Estructura de Apoyo (EDA), en las instalaciones del Comando de la Policia Metropolitana de Barraquilla, la Dijín capturó al Subintendente Elkin Zambrano Pacheco y los patrulleros Arnulfo Rafael de la Cruz Prieto y Jackson Jair Moreno Quejada, funcionarios adscritos a la Sijín Mebar.

Los procesados responden los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; peculado por apropiación, y ocultamiento, alteración, o destrucción de elemento material probatorio.

Hechos: Ocurrieron el 13 de junio 2017, cuando los funcionarios al parecer se habrían apoderado de aproximadamente 100 kilos de marihuana incautada en diligencia de allanamiento.

Casanare:

Un juez de control de garantías fijó para el 6 de julio próximo la audiencia de imputación al Concejal de Yopal, Danilo Ávila y a los contratistas Nelson Figueroa y Milena Pérez, por el cargo de estafa agravada en mayor cuantía con relación a vivienda de interés social.Hechos: En 2010 contrataron la construcción de viviendas de interés social y nunca se ejecutó la obra. Fiscalía reconoció 319 víctimas.

Chocó:

1. En el caso Predial Indígena del municipio de Bagadó, se han efectuado las siguientes capturas:

– Marinela Palomeque Serna, actual alcaldesa de Bagadó

– Geison Marmolejo Gracia, exalcalde encargado de Bagadó

– Lucsora Palomeque Serna, secretaria del Concejo de Bagadó

Delitos: peculado por apropiación a favor de terceros, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

2. Captura del exalcalde de Juradó en la pasada administración, Javier Antonio Lenis Córdoba, por el delito de peculado por apropiación a favor propio.

De igual manera, se continúa con las actividades operativas, a fin de materializar otras órdenes de capturas que ya fueron expedidas.

La Guajira:

El inspector de Policía de Urumita, el cual de manera arbitraria y al parecer en busca de dádivas usurpó la función jurisdiccional de un juez de la República y en repetidas ocasiones hizo entrega ilegal de automotores que estuvieron involucrados en accidentes de tránsito, con heridos y muertos.

El 29 y 30 de junio se realizaron las audiencias de legalización de captura, ante el Juez Quinto Penal Municipal de Riohacha contra el inspector de Policía de Urumita, Leonardo José Maestre Rumbo. Posteriormente, el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Villanueva impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia por el cargo de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo.

Cali:

Fue radicado escrito de imputación contra el alcalde actual de Jamundí (Suspendido por la Contraloría por los mismo hechos), la Secretaria Jurídica y el Secretario de Infraestructura, por la celebración de contratos de Obras Públicas invocando una situación de Calamidad Pública y los tramitó mediante la figura de Urgencia Manifiesta, sin embargo, aprovechó ésta situación para suscribir otros contratos que no tenían relación con los hechos que generaron dicha calamidad. Los contratos celebrados ascienden a la suma de ochocientos millones de pesos ($800’000.000).

Por hallazgo de la contraloría Departamental se investiga presuntas irregularidades consistentes en sobrecostos en los contratos celebrados por el hospital Universitario del Valle, para el suministro de implementos médicos y quirúrgicos por un total de $2.646’064,050.

De igual manera, la investigación encontró que en muchos de los eventos no suministraron los bienes objeto del contrato.Por estos hechos fueron capturados el secretario jurídico y el secretario de Salud de la ápoca. Adicionalmente serán llamados a imputación el ex-director del centro hospitalario de la fecha de suscripción de los contratos y los miembros de la Junta Directiva.

Cundinamarca:

Caso Los Millonarios, capturadas 9 personas que al parecer hacían parte a esta organización dedicada al comercio de armas y a cometer homicidios y hurtos a residencias. Delinquía en Bogotá y Fusagasugá. Todos quedaron cobijados con medida de aseguramiento intramuros.