El Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado pidió a la Corte Constitucional tumbar cualquier clase de trato preferencial para los militares que cometieron acciones irregulares en el marco del conflicto armado en Colombia.

De acuerdo con Soraya Gutiérrez, representante de este movimiento,los beneficios a los agentes del Estado podría generar impunidad ante las víctimas del conflicto, porque no se aplicaría los estatutos del Derecho Internacional Humanitario.

“Esto contradice las obligaciones del Estado en relación con la investigación y sanción de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y excede las competencias del Congreso para implementar de buena fe el acuerdo final, sustituyendo un eje central de nuestra Carta”, indicó el Movimiento en una carta.

Por su parte el general (r) Jaime Ruiz,de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, señaló que la Corte debe apartarse de los intereses políticos y sociales que existen para sancionar con severidad a quienes han pertenecido a la fuerza pública.

Para el general(r) Ruiz, la Corte Constitucional debe mantener un equilibrio frente a la aplicación de la JEP para garantizar jurídicamente los compromisos de quienes fueron actores del conflicto armado, porque están dados los escenarios para garantizar la justicia preferente acorde con los estándares internacionales.

Mientras tanto, Hervin Hoyos, representante de la Federación de las Víctimas de las Farc, manifestó que los derechos se pueden ver afectados si no hay claridad sobre la información que reciba la Comisión de la Verdad.

“La excarcelación de cientos de responsables de crímenes de lesa humanidad, así como la suspensión de procesos penales, incluida la investigación o captura de perpetradores de esas mismas atrocidades constituyen en la práctica una renuncia temporal a la persecución penal por parte de Estado”, explicó Hoyos.

Por ahora, la Corte Constitucional está analizando los diferentes conceptos por parte de las víctimas del conflicto en el marco de la audiencia pública para avalar o no el contenido del Acto Legislativo de la Justicia Especial para la Paz.