Bolívar Nacional

Denuncian que habría cartel en programas de alimentación para el adulto mayor

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó este martes a las fundaciones Fundesol y Multiactiva, con una multa de más de $2.500 millones, por cartelización empresarial en la contratación pública por el suministro de la alimentación para los adultos mayores de la ciudad de Cartagena.

La Superintendencia encontró que las fundaciones Fundesol y Multiactiva se cartelizaron en el marco del proceso de contratación pública llevado a cabo en el 2012 por la Alcaldía de Cartagena para suministrar alimentación para 7.220 adultos mayores que pertenecen al nivel 1 y 2 del Sisben.

Y señaló la entidad que la cartelización o colusión se produjo cuando las fundaciones Fundesol y Multiactiva se presentaron con ofertas presuntamente independientes, cuando se trataba de propuestas coordinadas que simulaban una competencia entre ellas.

El organismo también ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, debido a que cartelizarse en un proceso de contratación pública es un delito tipificado en el Código Penal Colombiano.

Con base en las pruebas que obran en el expediente, la Superindustria logró acreditar que FUNDESOL y MULTIACTIVA, actuaron de manera coordinada, entre otras, por las siguientes circunstancias:

1. Ambas fundaciones acreditaron disponibilidad de proveedores con documentos falsos emitidos por el mismo supuesto proveedor.

2. La propuesta presentada por FUNDESOL fue encontrada en un computador de una unión temporal de la que no hacía parte, pero MULTIACTIVA sí lo era.

3. Usaron formatos idénticos en sus propuestas;

4. Tuvieron sedes en las mismas direcciones en diferentes periodos;

5. Tenían un origen geográfico común en Magangué (Bolívar) y sus “dueños” tenían lazos de amistad;

6. Compartieron personal como el asesor contable;

7. Gestionaron de manera conjunta y al mismo tiempo las certificaciones necesarias para su postulación tales como antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación y los certificados de responsabilidad fiscal expedidos por la Contraloría General de la República.