A dos semanas de terminar la etapa pedagógica de la implementación del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, el concejal Jorge Torres del Partido Alianza Verde pidió al gobierno nacional extenderla debido a que aún subsisten dudas jurídicas sobre su implementación y las acciones pedagógicas no han sido suficientes.

En debate de control político sobre el Código Nacional de Policía celebrado en el Concejo de Bogotá, el concejal del partido Alianza Verde subrayó la importancia de la cultura ciudadana como enfoque y estrategia para lograr el cumplimiento de las normas de convivencia por convicción propia y no solo por el miedo a las multas. Recordó las advertencias expresadas el pasado diciembre sobre los problemas de convivencia más comunes entre los bogotanos y los riesgos de no contar con herramientas suficientes para resolver los conflictos de manera pacífica

“Los problemas de convivencia en Bogotá y la disposición de la ciudadanía a infringir las normas legales por diversas razones van en aumento”, dijo el concejal Torres, y citó datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2016 aplicada por Corpovisionarios, según la cual, entre otros aspectos, la proporción de ciudadanos que experimentaron la situación en que algún vecino puso música a un volumen excesivo o hizo mucho ruido aumentó de 43,1% en 2013 a 48,6% en 2016, y la de aquellos que presenciaron peleas o riñas de borrachos en su barrio pasó de 29% en 2013 a 31,5% en 2016.

A su vez, la proporción de ciudadanos dispuestos a infringir la ley “cuando es la única manera de ayudar a la familia” pasó de 35% en 2013 a 40% en 2016, y “para defender propiedades o bienes” pasó de 28% en 2013 a 39% en 2016.

Estas cifras, de por sí preocupantes, ponen de relieve la insuficiencia del enfoque punitivo para garantizar la sana convivencia. Según cifras de la Secretaría de Gobierno, entre la fecha de entrada en vigencia del Código y fines de mayo de este año se impusieron 28.801 comparendos, es decir, en promedio 252 por día, lo cual evidentemente representa una proporción ínfima del total de infracciones de las normas del Código de Policía que se cometen en Bogotá.

De hecho, con 2.100 agentes por turno para una ciudad de más de ocho millones de habitantes (aproximadamente 238 policías por cada cien mil habitantes) no es posible garantizar dicho cumplimiento apelando solamente a las medidas de fuerza.

En el aspecto pedagógico, enfatizó el concejal Torres, la acción de la administración distrital ha estado más concentrada en campañas publicitarias que en un esfuerzo para lograr el cumplimiento de las normas de convivencia. Campañas como “El Respeto nos Une” impulsada por la Secretaría de Gobierno, la elaboración de unos cuantos pendones, algunas charlas con la comunidad, un micrositio en la página Web de la Secretaría de Seguridad que explica el nuevo Código, son por supuesto útiles, pero en modo alguno contribuyen a hacer que la ciudadanía interiorice las normas y mucho menos a impulsar los cambios culturales de que tanto necesita la ciudad.

Para concluir, el concejal Torres advirtió a los organismos de control realizar un minucioso seguimiento a los dineros recaudados por concepto de las multas que se van a imponer a quienes infrinjan las normas del Código Nacional de Policía una vez concluya la actual fase pedagógica. La Ley 1801 de 2016, en el parágrafo del artículo 180, es explícita al decir que al menos el 60 % de los recursos recaudados por multas del código deben ser destinadas para acciones de cultura ciudadana, pedagogía y prevención.

Esto va en contravía de lo que propone la Secretaría de Seguridad y Convivencia, para la cual los dineros de las multas deberán consignarse en el Fondo Cuenta para la Seguridad, cuyo objeto es la adquisición de bienes, servicios y obras en materia de seguridad.