A pesar de los $259 mil millones que la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá-EAB ESP ha invertido en la construcción de uno de los tramos del Interceptor Tunjuelo Canoas (ITC), esta obra hoy pasa a formar parte del inventario de los “elefantes blancos” de la ciudad, es decir, de las obras inconclusas.

Así lo observó la Contraloría de Bogotá tras una visita técnica en donde se determinó que los pagos realizados para la ejecución de la obra no cumplieron con el fin esperado, por lo que se configuraron hallazgos administrativos con incidencia fiscal por este monto.

Este proyecto, que hace parte de la megaobra del Plan Maestro de la EAB para la descontaminación y saneamiento del río Bogotá, inició en febrero de 2010 y consistía en la construcción de un túnel que se encargaría de llevar las aguas negras desde el Tunjuelo hasta la futura planta de tratamiento Canoas, ubicada en Soacha, para luego devolver las aguas limpias a la cuenca del río Bogotá.

El túnel, en el que se debían construir varios pozos de inspección, no se pudo terminar debido a que la EAB no gestionó la compra de los predios, lo que ocasionó que la obra quedara ejecutada en un 95 %.

Esta obra, actualmente inconclusa, debió ser entregada en el 2012, por lo que está catalogada como “elefante blanco” por cuanto no cumple ningún servicio a la sociedad y para ser terminada se requiere de nuevas inversiones en detrimento del erario público.

Por estos hechos, la Contraloría de Bogotá aperturó proceso de responsabilidad fiscal por $259 mil millones y ordenó medidas cautelares, es decir, el embargo de los bienes inmuebles de los implicados por esta suma.

Para el Organismo de Control Fiscal la falta de planeación de la Administración Distrital, en este caso específico de la EAB ESP, demuestra una violación flagrante a los fines sociales del Estado establecidos en la Constitución Política, relacionados con la obligación de solucionar las necesidades insatisfechas en materia de saneamiento básico y agua potable, objetivo que hoy no se cumple y tampoco se atiende por estar la obra inconclusa y en abandono como lo pudo corroborar la Contraloría de Bogotá en visita fiscal.
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