El Parlamento de Venezuela, dominado por la oposición, nombró este viernes a 33 magistrados de la máxima corte del país, una maniobra que desafía al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que advirtió horas antes a los nuevos jueces que podrían ser encarcelados por «usurpación de funciones».

A fines del 2015, el Congreso –entonces dominado por el oficialismo– designó a 13 magistrados principales y 20 suplentes del TSJ, en un proceso criticado por la oposición como «viciado y apresurado», apenas días antes que la oposición asumió la mayoría del cuerpo tras ganar las parlamentarias.

«No desmayemos, Venezuela va a tener un Tribunal Supremo de Justicia y unas instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de ningún gobernante de turno, de ningún partido político», dijo el diputado Carlos Berrizbeitia, durante la sesión celebrada al aire libre, en una plaza de Caracas.

Los magistrados asistieron a la sesión y fueron juramentados. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, también había denunciado algunas irregularidades en el nombramiento de los magistrados que ahora el Parlamento acordó sustituir.

Lo hizo hace unas semanas tras distanciarse del gobierno socialista y criticar las decisiones del máximo tribunal.

La disputa entre poderes ahonda aún más la crisis política en Venezuela, donde millones han salido a las calles desde abril para protestar contra lo que consideran una «dictadura» del presidente Nicolás Maduro.

«La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo el proceso a través del cual la Asamblea Nacional pretende nombrar a un grupo de magistrados del máximo juzgado del país», dijo el TSJ la noche del jueves.

El máximo tribunal del país explicó que basó su decisión, entre otros aspectos, en que los períodos de los jueces no están vencidos y advirtió que quien «indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares será reo de delito por usurpación de funciones».

El jueves, la oposición convocó a un paro cívico que fue masivamente acatado, pero que terminó con al menos tres muertos tras enfrentamientos con la Fuerza Pública. En los últimos cuatro meses, casi 100 personas han fallecido.