Así lo expresó este miércoles Alejandro Marán Vivas, asesor regional en Sistemas Penitenciarios del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien pidió al Gobierno de Colombia que mejore la situación de los presos y adopte una política criminal tendiente a la rehabilitación social de los condenados.

Según el asesor, el CICR comparte lo irracional de la política criminal aplicada en Colombia y señaló que debe hacerse un análisis estadístico y científico de los costos de la privación de la libertad y la adopción de penas alternativas eficientes, seguras y constantes controladas por organismos del Estado.

Marán indicó que: “La cantidad de personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes que tiene Colombia es una tasa muy alta, incluso para Latinoamérica, las 116 mil a 120 mil personas privadas de libertad en centros penitenciarios es un número muy alto y esto ha redundado en que sea más difícil construir políticas de reinserción social, de hecho se transforma en casi imposible».