–La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes la apertura de una investigación penal en torno a las irregularidades denunciadas en el relleno sanitario «Doña Juana» de la capital de la República y los delitos por el daño ambiental y la contaminación.

El organismo judicial indicó que de hecho, un fiscal y un equipo de peritos y técnicos del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, expertos en delitos medio ambientales, iniciaron el pasado viernes 24 de agosto último la diligencia de inspección, para la recolección de muestras y elementos materiales probatorios.

Añadió que con esta inspección se pretende confirmar la gestión ambiental en el relleno y la elevación de vectores en la zona (mosquitos, moscas ratas, etc.) para determinar los daños al medio ambiente.

De acuerdo con lo que se encuentre en la diligencia la Fiscalía proferirá nuevas órdenes de policía judicial, puntualizó.

Sin embargo, el organismo investigador y acusador no especificó quién o quienes serán objeto del proceso penal.

El pasado 15 de agosto, la Personería de Bogotá inició una indagación preliminar contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, por las irregularidades del operador en el manejo del Relleno Doña Juana y determinar responsabilidades.

Según la Personería, pese a la grave situación, la UAESP) no tomó medidas reales para atender la crisis.

Al mismo tiempo, remitió a la Procuraduría General de la Nación el informe para que indague la actuación de la Corporación Autónoma Regional (CAR) que no ha aplicado las sanciones por los diferentes incumplimientos ambientales en el manejo del lugar.

Advirtió entonces que la comunidad aledaña al Relleno tenía que soportar una nube de moscas y olores nauseabundos las 24 horas del día, por cuenta de los incumplimientos del operador de Doña Juana en el manejo del lugar.

De acuerdo con el informe de la Personería, las quejas y reclamos de los afectados por el mal funcionamiento del Relleno aumentaron desmesuradamente, mientras que las condiciones ambientales desmejoraron, pese a las advertencias del ente del control.

La personería subrayó que el contrato establece que el concesionario debe cubrir mínimo el 90% de las basuras que llegan al Relleno, obligación que no se está cumpliendo. El operador debe sembrar 10 mil árboles para compensar y mitigar el daño ambiental, pero no han plantado ni el 10%. La restricción ambiental, establecida en las normas que indica que el Relleno debería estar como mínimo a mil metros de grupos poblacionales tampoco se cumple.

La planta de tratamiento de lixiviados (líquidos de la basura) no tiene la capacidad para procesar el volumen que generan los desechos que son depositados en el Relleno, generando vertimiento de líquidos tóxicos al río Tunjuelo, sin permiso de la autoridad ambiental, en el Tramo II.

Estos son solo algunos de los incumplimientos que generaron la decisión de iniciar la averiguación disciplinaria, puntualizó la Personerpia.