Se trata de un acuerdo de cooperación firmado por el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General que contará con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, enfocado en la implementación de un nuevo modelo investigativo para casos de abuso sexual.

Lo que se busca con estos nuevos métodos es priorizar casos de abuso contra niños, niñas, adolescentes y mujeres por hechos ocurridos en Buenaventura, Valle del Cauca.

Con este acuerdo las autoridades civiles de la ciudad portuaria atacarán el origen de los abusos y lucharán por disminuir los índices de violencia sexual en la región.

La base está en la recolección de pruebas directamente en la escena de los hechos para ponerlas de inmediato a disposición de los jueces de la República.

Esto hace parte de las priorizaciones de la Fiscalía General, ordenadas por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de las que han sido víctimas menores y mujeres del pacífico colombiano.