La Procuraduría General le pidió a la Corte Constitucional, dar vía libre al decreto ley 870 de 2017 por el que: “se establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación”.

A través de un comunicado, la Procuraduría argumenta que los incentivos ayudarán a recuperar las tierras que tienen cultivos ilícitos, lo que sería una puerta para poner fin al conflicto y así poder dar solución a los problemas de las drogas ilícitas en Colombia.

El Ministerio Público dice que son medidas encaminadas: “a cuidar el medio ambiente y en concreto preservar los ecosistemas especialmente protegidos”.

Al respecto el decreto dice:

“Ante el incremento de cultivos de uso ilícito en aéreas de ecosistema social y ambientalmente estratégicos, así como la gala de bosques, viene generando grandes focos de deforestación poniendo en peligro inminente la biodiversidad que alberga el ecosistema (…) se requiere desarrollar nuevas alternativas económicas para la generación de ingresos a las comunidades que permitan, con eficacia, frenar la transformación ambiental”.

La magistrada de la Corte Constitucional que estará encargada de la ponencia para el estudio constitucional del decreto es Diana Fajardo.