–Tras afirmar que son 9 las víctimas mortales, organizaciones comunales y de cultivadores de coca y marihuana de la región, negaron que la masacre ocurrida en desarrollo de una manifestación contra la erradicación de cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco, Nariño, haya sido ejecutada por un grupo disidente de las Farc y responsabilizaron del hecho a la fuerza pública.

Los graves hechos se registraron en la Vereda Brisas y el Tandil y según un comunicado conjunto de la Policía y del Ejército la acción criminal fue obra de la disidencia de las Farc al mando de un sujeto identificado con el alias de «guacho», que lanzó cilindros bomba y disparó indiscriminadamente contra los manifestantes.

Alejandra Torres, integrante de la Coordinadora de cultivadores de coca, aseguró que en el lugar donde se produjo la matanza solo estaban los campesinos y la policía y además sostuvo que nunca se presentaron explosiones de cilindros bomba, tal como se aseguró en un comunicado conjunto emitido por la misma policía y el Ejército.

En igual sentido se pronunció la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – FSM, la cual afirma que un informe por parte de Ejército y policía Nacional, intenta justificar su accionar desmedido y en el cual se expone que el motivo de su agresión obedece a que se habrían presentado el lanzamiento y explosión de 5 cilindros bomba, sin embargo las comunidades manifiestan y clarifican que no se han encontrado evidencias de ningún tipo de artefacto ni rastros de explosión».

A su turno, la Asociación de Juntas de Acción comunal de los ríos Mira Nulpe y Mataje, Asominuma, hace las siguientes precisiones en el comunicado:

“El territorio de alto mira y frontera y la realidad de los sucesos”

Las comunidades campesinas asentadas en la Zona de Alto Mira y Frontera del Corregimiento de Llorente, Municipio de Tumaco, que han sido testigos presenciales de los últimos acontecimientos en los que perdieron la vida 9 campesinos y resultaron heridos otros 18, nos muestra la auténtica realidad del proceder desmedido de la Fuerza Pública frente a los campesinos indefensos que se encontraban manifestado pacíficamente exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de la Habana con respecto al punto 4.

Después de varios días de resistencia de parte de las comunidades campesinas, el 4 y de octubre de 2017, los ánimos se ven alterados debido a la provocación suscitada entre miembros de la Fuerza Pública y la población Civil que finalmente desencadena disparos de arma de fuego por parte de los uniformados con los resultados funestos para la comunidad del Alto Mira y Frontera.

Contrario a ello el informe de Ejercito y Policía en un intento para justificar su accionar desmedido e irracional, en una clara vulneración a los derechos humanos, trata de hacer creer que el motivo de su agresión obedece a que previamente se habría presentado el lanzamiento y la explosión de cinco cilindros bomba de los cuales no existe la mínima evidencia en el lugar de los hechos y por lo mismo ninguno de los uniformados ha resultado con lesiones ni con esquirlas ni con disparos de fusil y ametralladoras que dicen se habrían accionado en su contra.
De haber existido la explosión de cilindros bomba el radio de acción de la explosión hubiese sido incalculable y seguramente las víctimas no serían solo los miembros de la comunidad.

Hacemos un llamado al Ejército y Policía Nacional para que se remitan a informar la realidad y con imparcialidad la ocurrencia de los hechos y responder por el uso desmedido, desproporcionado e innecesario de la fuerza.

LA ASOCIACION DE LOS RIOS MIRA NULPE Y MATAJE- ASOMINUMA

Mientras tanto, el Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Alto Mira y Frontera (CCAMIF), señala en un comunicado que “durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad (…) buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza las labores de erradicación forzosa (de cultivos ilícitos)”.

“El problema de seguridad es tan grave que ni siquiera las autoridades civiles e instituciones de ayuda humanitaria han podido ingresar en ciertos sectores de nuestro territorio para prestar ayuda humanitaria y asistencia a las víctimas”, puntualiza el CCAMIF.

El comunicado, en el cual retrata la situación que se vive en la región por la erradicación de cultivos ilícitos, es el siguiente:

Colombia, San Andrés de Tumaco 05 de Octubre del 2017

CONSEJO COMUNITARIO DEL PUEBLO NEGRO ALTO MIRA Y FRONTERA

En nombre de las comunidades pertenecientes al Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera, mediante el presente comunicado, denunciamos y alertamos una vez más, que la vida, integridad y supervivencia de cada una de las familias que forman parte de nuestro proceso organizativo, se encuentra en máximo riesgo por cuenta de toda clase de hechos violentos que día a día se presentan en nuestro territorio. A pesar de nuestras súplicas y exigencias que como junta de gobierno habíamos formulado ante las diferentes autoridades civiles y militares, para evitar la situación que se presenta en la actualidad, estamos ad portas de una verdadera tragedia que puede ocasionar más derrame de sangre y dolor entre nuestros hermanos. Actualmente, nosotros como junta de gobierno, nos encontramos amenazados por nuestra posición decidida a favor de la defensa de la vida, la autonomía y el libre desarrollo de nuestros pueblos, que se ha visto reflejada en nuestra apuesta por la sustitución concertada y voluntaria de los cultivos de uso ilícito, a pesar de los sucesivos incumplimientos y contradicciones del gobierno nacional en la puesta en marcha del PNIS.

Nuestro escenario no puede ser más lamentable, y por ello nos permitimos manifestar que:

Durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza labores de erradicación forzosa.

Que el día de hoy 05 de octubre de 2017, en horas de la mañana, fueron asesinadas y heridas un número de personas indeterminadas, pertenecientes a las veredas del Coco, Casas Viejas, entre otras y el Azúcar (la cual no hace parte del Consejo Comunitario).

En los últimos meses han aparecido nuevos grupos armados ilegales, los cuales se han consolidado y fortalecido. Estos grupos se encuentran en plena disputa territorial entre sí, ocasionando desplazamiento, confinamiento de cientos de familias, y terror en diferentes veredas de nuestro territorio.

Algunos de esos grupos armados ilegales, además de enfrentarse diariamente, también han intensificado el reclutamiento de jóvenes, con abusos e intimidaciones de todo tipo contra los líderes y demás habitantes de nuestro consejo comunitario.

A pesar de nuestras insistencias, el programa Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícito tiene un ritmo paquidérmico, mientras que la erradicación forzada avanza a toda marcha en distintas veredas de nuestro territorio, evidenciando una enorme contradicción con lo pactado en el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Farc.

La lentitud de la puesta en marcha del PNIS y la desinformación que han fomentado los sectores que se oponen a la sustitución, ha alimentado la zozobra, incertidumbre y desconfianza entre muchos de los habitantes del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

Pese a todo, la mayoría de las familias que hacen parte de nuestro Consejo Comunitario han demostrado su posición firme a favor de la sustitución, y por tal motivo, se han visto expuestas a que se amenace su integridad por parte de los sectores que se oponen a ella.

En la actualidad, se han desplegado al menos cinco batallones del ejército nacional y dos tropas de la policía antinarcóticos que han emprendido la erradicación forzada en distintos puntos de nuestro territorio, sin consideraciones de respeto por la tranquilidad de nuestras familias, viviendas y cultivos.

El avance de las brigadas de erradicación y el enfrentamiento entre grupos armados ilegales que se han asentado en nuestro territorio, provocan una situación de riesgo aún mayor hacia las comunidades.

Aún continúa irresuelta la problemática de tierras y territorio del título colectivo de nuestro consejo comunitario, siendo un aspecto fundamental para el avance eficaz del programa de sustitución.

A pesar de que a la Vicepresidencia de la República le hemos solicitado con carácter urgente, la continuidad de la mesa técnica de seguridad para abordar todas las problemáticas enunciadas, esta se ha venido postergando en al menos tres oportunidades. Nuestras solicitudes iniciaron el 22 de agosto de 2017 en el marco de la toma pacífica a la Casa de Justicia de Tumaco y de la reunión que sostuvimos con el Vicepresidente el 25 de agosto del presente año.

El problema de seguridad es tan grave que ni siquiera las autoridades civiles e instituciones de ayuda humanitaria, han podido ingresar en ciertos sectores de nuestro territorio para prestar ayuda humanitaria y asistencia a las víctimas. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, exigimos:

A los grupos armados:

Respeto a la vida y la integridad física de la junta de gobierno del consejo comunitario, de los líderes y lideresas y de las personas que habitan cada una de nuestras comunidades. Al gobierno nacional:

Que garantice la protección de los miembros de la junta de gobierno, de líderes, lideresas y de cada una de las comunidades del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

Que se cumpla con lo pactado en el punto número 1 y número 4 de los acuerdos de paz de la Habana, sin nuevas contradicciones. A su vez, que se dé celeridad al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito para las comunidades.

Que lo pactado en la mesa técnica encabezada por Vicepresidencia y Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, se cumpla a cabalidad.

Que se comunique claramente que el Programa de erradicación forzada es responsabilidad directa del gobierno nacional y no de la junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

Que en el marco de las medidas de implementación del acuerdo de paz, el gobierno nacional priorice en nuestro territorio la solución a las diferentes problemáticas previstas en el posconflicto.

Que garantice las condiciones aptas para el desarrollo y buen vivir de las comunidades de nuestro Consejo Comunitario, respetando nuestra autonomía, el derecho al ser, la autodeterminación y la libre expresión.

Que el gobierno sea mucho más claro con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, para garantizar la credibilidad y confianza en el proceso.

Que la presencia del estado no sólo puede ser vista desde la militarización de los territorios, debe ser vista en el marco de la presencia inter-institucional brindando las garantías para el desarrollo propio y el buen vivir de las comunidades, fomentando proyectos integrales productivos los cuales apuesten a una sostenibilidad económica y una vida digna. De otro lado, a la comunidad internacional y defensores de derechos humanos, les solicitamos respetuosamente apoyo, acompañamiento y presión institucional para que nuestras peticiones sean escuchadas, ejecutadas y monitoreadas.

Agradecemos a la opinión pública y a la comunidad internacional su solidaridad con nuestras problemáticas.
JUNTA DE GOBIERNO CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FRONTERA

Nombres de algunas víctimas mortales:

Beto Javier Uperto – vereda El Pensamiento
Jaime Guanga – vereda Casas Viejas
Wilson Chaguando – vereda Montañitas
Alfonso – vereda El Azúcar

Nombres de algunos heridos:

Wilmer Campo – vereda Brisas de Mataje
Jhon Mario Ramirez – vereda El Ballenato
Jhon Wilder Almeida – vereda El Cañaveral
Silvio Peña Cruz – Vereda El Ballenato
Oscar Iván Ramirez – vereda El Playón
Diego Escobar – vereda El Tandíl
Janer Hernán de la Cruz – vereda El Playón
Benancio Rivera – vereda El Cañaveral
Hector Alirio Arapa – vereda El Cañaveral
Ronald Chapuesí – vereda El Tandíl
Jorge Rubio Camacho – vereda Montañita
Edilson Tovar – vereda Brisas de Mataje