–La directora y otros 9 funcionarios de un centro de atención a menores con discapacidad mental psicosocial en Ibagué fueron capturados en las últimas horas para ser enjuiciados por presuntamente torturar física y sicológicamente a los niños.

Los capturados son la psicóloga Johanna Dignore Rodríguez Olaya, directora de la fundación Peces Vivos, su mamá y 8 empleados.

La mencionada fundación es operadora del Bienestar Familiar y como tal viene funcionando en la modalidad de internado para discapacitados mentales.

Las capturas las hizo efectivas la Fiscalía Seccional Tolima en conjunto con la Sijín de la Policía.

En rueda de prensa en Ibagué (Tolima), el Fiscal Delegado para la violencia contra los niños y niñas, Mario Gómez, indicó que —según la investigación— fueron múltiples los abusos y maltratos a los que habrían sido sometidos los menores en situación de discapacidad.

Agregó que al parecer con conocimiento y dolo de la directora de la fundación, junto con los funcionarios supuestamente adoptaron procedimientos contrarios a los lineamientos en materia de salud.

El fiscal delegado afirmó que las 10 personas capturadas prestaban supuestos servicios de atención y protección a un número importante de niños y niñas a lo largo de un año y seis meses. Los menores con discapacidad cognitiva fueron objeto de torturas, tratos inhumanos y degradantes sancionados penalmente por las leyes colombianas y reguladas por los tratados internacionales”.

El funcionario reveló que los menores eran amarrados a sus camas, se les suministraba droga para facilitar un control supuestamente terapéutico sobre ellos y evitar actos de indisciplina.

«Fueron sometidos a doctrinas militares, ante cualquier circunstancia, como no comer o comerse las uñas y los obligaban hacer sus necesidades fisiológicas mientras estaban atados”, complementó.

Explicó que Peces Vivos tenía un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, mediante el cual trataba a estas personas bajo las circunstancia antes expuestas.

«Había niños y niñas y jóvenes mayores de 18 años que habían obtenido la declaratoria de adoptabilidad días antes de cumplir la mayoría de edad”, señaló.

Las capturas se efectuaron mediante orden judicial en la capital tolimense y, ante un juez de garantías, la Fiscalía judicializará a los presuntos responsables por los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio; igualmente solicitará medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.