–El reunión del Consejo de Política Criminal que se celebrará este lunes 23 de octubre, se aprobará el borrador del proyecto de ley que será presentado al día siguiente al Congreso de la República para ser tramitado por vía rápida o ‘fast track’, en el cual se establece un mecanismo especial para el sometimiento a la justicia, de manera colectiva, de las bandas criminales.

Se descarta una justicia especial, como la implantada para las Farc, no se tocará la extradición y las rebajas de penas son las que contempla la legislación vigente por colaboración, según lo advirtió el vicepresidente de la República Oscar Naranjo.

La propuesta incluye los beneficios beneficios penales como el principio de oportunidad, rebaja de penas y otras figuras judiciales y la novedad es que tendrían aplicación de manera colectiva.

En diálogo con RCN radio, el vicepresidente estableció que la eventual rebaja de penas de hasta el 40 por ciento está prevista en el Código Penal y está condicionada a la efectividad y el grado de colaboración con la justicia, la satisfacción de los derechos de las víctimas y la terminación de la actividad delictiva, tal como lo establece el mismo texto.

La gabela para los que se sometan a la justicia de que se queden con el 5 por ciento de los bienes que entreguen, también está establecida en el Código, aclaró el vicepresidente.

El gobierno nacional decidió estructurar todo el proceso en respuesta a alias «Otoniel», el creador y cabecilla del llamado «clan del golfo», quien envió una carta al presidente Juan Manuel Santos manifestando su deseo de someterse a la justicia.

El primer mandatario recibió el mensaje el pasado 3 de septiembre, tres días después de que la Fuerza Pública informara que alias «gavilán» había sido abatido en un operativo.

«La presión la están sintiendo (tanto) desde hace ya algunos meses, más o menos mitad del año pasado, el clan viene enviando mensajes de que quieren someterse a la justicia», reveló el jefe del Estado en una intervención pública el 5 de septiembre.

Santos añadió que autorizó «a varios funcionarios para que escuchen esas solicitudes”, y pidió al ministro de Justicia, Enrique Gil, evaluar la petición.

En un video alias «Otoniel», declaró: “Quiero manifestarles que, como Estado Mayor, nos encontramos más unidos que nunca con la voluntad firme de que en Colombia se consolide la paz duradera para todos los colombianos. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia respetamos los procesos de paz que están en marcha y los que se están consolidando. Queremos ser parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”.

Al efecto, el presidente Santos advirtió que “se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política que también la han buscado”.

Entonces, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez aclaró que “el sometimiento colectivo de organizaciones criminales no está previsto en la legislación colombiana”.

Pero agregó que «en todo caso el sometimiento debe condicionarse al cese absoluto de las actividades delictivas, a la entrega del patrimonio ilícito de la organización y, claro está, de los cultivos y rutas del narcotráfico”.

El primer mandatario aclaró que no habría negociación política y todo el proceso estaría a cargo de la justicia ordinaria.

Al efecto, en el borrador del proyecto se establece que los integrantes de las organizaciones criminales deben manifestar por escrito al Fiscal General de la Nación su voluntad de acogerse colectivamente a la justicia, consignando el área de influencia del grupo y el número de personas que se someterán, con sus respectivas identidades.

Para hacer el trámite legal, el proyecto de ley determina los parámetros que definen a los «grupos armados organizados» o «grupos delictivos organizados», para ser reconocidos como tales, entre ellos, tener unidad de mando, zonas de injerencia delictivas, y operaciones armadas.

El Fiscal determinará el levantamiento de órdenes de captura por procesos o condenas que haya vigentes contra estos individuos y emitirá un salvoconducto temporal para que se puedan presentar ante la justicia en zonas predeterminadas.

Según lo prevé la iniciativa, a la presentación se seguirá un proceso expedito con tiempos definidos, así: Cinco días de concluido el proceso de acercamiento de los integrantes de las bandas, la Fiscalía presentará ante el juez el escrito de acusación colectiva y cinco días después se realizará la audiencia de aceptación de cargos y sentido de fallo. Diez días después, el juez deberá emitir la respectiva sentencia.

Este proceso de sometimiento a la justicia de las bandas criminales tiene algunos aspectos parecidos al realizado con las Farc.

El primero de ellos, es que busca garantizar «los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Para ello, los sujetos que se sometan deberán entregar “información conducente a la identificación de las víctimas de los delitos que serán aceptados colectivamente”.

Igualmente deben entregar a los menores de edad que estén vinculados a sus agrupaciones, lo mismo que suministrar “información clara y detallada de todas las actividades delictivas de la organización, en especial lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos a dichas actividades”.

Además, en relación con el tema del narcotrafico, las bandas deben revelar rutas, ubicación de plantaciones y laboratorios, así como sus redes de lavado de activos.

También se prevé un “programa especial y con enfoque diferencial de reintegración social y laboral” para quienes se sometan a la justicia.