La Defensoría del Pueblo reiteró este jueves la urgencia de adoptar medidas que protejan a los trabajadores, y a la sociedad en general, ante los impactos en la salud, la vida y el trabajo decente que conllevan la exposición y el uso industrial del asbesto.

La Entidad pidió al Congreso mayor celeridad para la aprobación del proyecto de Ley 061 de 2017 que busca prohibir la utilización de este mineral; y al Gobierno nacional que ordene eliminar su uso, comercialización e importación, así como la sustitución progresiva del existente, como parte de su obligación para proteger los derechos a la salud y a la vida de los ciudadanos.

En una audiencia pública realizada este jueves en el Senado, el Defensor Delegado para los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Álvaro Francisco Amaya Villarreal, dijo que “el Estado está obligado a adoptar medidas para prevenir la muerte de colombianos por asbesto. Incluso, en 60 países han prohibido el uso por su impacto en los derechos humanos”.

Para la Defensoría del Pueblo, las muertes y afectaciones asociadas a asbesto son innecesarias y evitables. Según cifras del Instituto Nacional de Cancerología, entre el 2010 al 2014 ocurrieron 1.
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744 muertes por cáncer de pulmón atribuibles al asbesto crisotilo.
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“El proyecto propone medidas para proteger a la trabajadores que puedan verse afectados con la prohibición del asbesto, con lo cual se protegen también los derechos de los trabajadores”, concluyó el Delegado Amaya.